El gimnasio de la escuela elemental J.V. Washam, localizada en Cornelius, un suburbio del área metropolitana de Charlotte, en Carolina del Norte, reverberaba como una olla de presión en la noche del último miércoles de agosto, con motivo de la realización de un cabildo abierto sobre la reforma de salud, convocado por la representante republicana Sue Myrick.
El anfiteatro estaba abarrotado por cerca de 2,000 personas que producían el murmullo oscilante de una turba a punto de estallar, conformada casi en su totalidad por blancos sureños.
En medio del hervidero no había más de cinco afroamericanos y tres hispanos que al cruzar la entrada de la escuela habían recibido, como el resto de los asistentes, varios panfletos en contra del plan de Obama.
Niños, jóvenes y adultos portaban carteles pintados con dibujos y letras azules y rojas que hacían alusión a patria, la inconveniencia de “socializar” la salud y la intervención del gobierno en asuntos individuales. Unos pocos avisos favorecían la propuesta del presidente.
Durante su exposición, Myrick hizo énfasis en su oposición al proyecto presidencial por la cobertura que le daría a los “ilegales” y a la insistencia de la actual administración de debatir, el año entrante, una reforma migratoria integral, que ella considera como una “amnistía”.
Las palabras de la congresista al tocar el tema migratorio recibieron como respuesta un aplauso atronador y el cuchicheo intermitente de algunos de los presentes contra “esos mexicanos”.
Las frases sueltas en voz baja fueron las mismas que los activistas anti inmigrantes usan en sus encuentros xenofóbicos: “atiborran los hospitales”… “usan nuestros servicios sociales”… “piden ‘welfare”… “no pagan impuestos”.
Myrick mostró a la audiencia el mamotreto de 1,017 páginas del plan Acta de Opciones Asequibles de Salud de 2009, pero se abstuvo de mencionar que la propuesta H.R. 3200 es explícita en determinar que los individuos que no tengan un estatus migratorio legal en el país no podrán beneficiarse de los subsidios contemplados en el proyecto de ley.
Contra lo que yo esperaba, el debate fue extremadamente civilizado y el respaldo al proyecto de reforma de salud por parte de los que tomaron el micrófono fue mayor de lo anticipado, aunque los detractores del presidente lo compararon con Fidel Castro y Hugo Chávez, y condenaron la vigencia del derecho al aborto, del que dijeron es favorecido por la actual administración.
Con tacto y cifras precisas, médicos, diseñadores gráficos, activistas comunitarias, políticos, amas de casa y jubilados defendieron el concepto de dar cobertura de salud a todos los estadounidenses, pero nadie dijo ni mu en defensa de los indocumentados.
Preocupante que algunos legisladores desinformen a sus constituyentes y que en la mente del americano medio prevalezca el concepto de que los indocumentados usan una serie de servicios federales, que les fueron vedados por la ley de reforma al bienestar de 1996.
Los mitos de la inmigración imperan pese a que las prohibiciones son concluyentes: los indocumentados no pueden solicitar “Welfare”, Medicare, Medicaid, asistencia de vivienda o estampillas de comida y se aplican sanciones rigurosas a quienes violen las normas.
Tampoco los pro inmigrantes han logrado meter en la mente de las mayorías los aportes que la comunidad indocumentada ha hecho al país y los beneficios económicos de su presencia.
Poco o nada se tiene en cuenta lo gorda que está la cuenta del Seguro Social a donde van a parar los aportes de los indocumentados que se han inventado números o han trabajado con tarjetas “chuecas”.
El último dato que se tiene de la llamada “Earnings Suspense File Account” que corresponde a 2006, indica que hasta ese año había acumulado 745 mil millones de dólares.
“Son 745 billion”, me dijo Daniel Moraski, portavoz de la Administración del Seguro Social.
El hecho de que en 2005 más de cinco millones de individuos, en su mayoría indocumentados, hayan usado el número de identificación tributaria para cumplir sus obligaciones fiscales con el Tío Sam, no es algo que está en el consciente de los ciudadanos del país.
Sara Eguren, vocera del Servicio de Recaudación de Impuestos, me suministró una estadística que muestra que desde 1996 hasta 2007 se habían expedido 12,540,340 itins, W-7s o seguros verdes.
El americano medio no sabe que en 2001 entraron 300 millones de dólares por medio de esos documentos al presupuesto de la nación y que 53 por ciento de los portadores de los itin son mexicanos.
Estoy rogando al de arriba que para cuando el debate migratorio esté en su salsa, esos ciudadanos que acudieron a la reunión de Myrick conozcan esa información y la divulgada por el Centro de Política de Inmigración (IPC) recientemente.
El IPC recordó que la ex encargada del Servicio de Inmigración y Aduanas, Julie Myers, dijo en el Capitolio que deportar a los 12 millones de indocumentados que hay en el país costaría por lo menos 94 mil millones de dólares.
Igualmente, trajo a la memoria que el Grupo Perryman calculó en un informe del año pasado que sacar a los que no tienen papeles representaría un pérdida anual de más de 551 mil millones de dólares en el rubro de consumo, 245 mil millones en poder económico y casi tres millones de empleos.
Sobre mis plegarias, amanecerá y veremos.
