(English version at bottom)
La administración Trump ha citado al menos a 70 pequeños menores de 1 año, en los últimos diez meses, para que se presenten en tribunales de inmigración y enfrenten solos sus propios procesos de deportación, según datos del Departamento de Justicia proporcionados a Kaiser Health News.
Se trata de bebés, que necesitan estar en contacto frecuente con sus padres, que duermen la siesta varias veces al día, y que, en algunos casos, hasta están todavía en edad de amamantar, dijeron expertos médicos. No pueden hablar y recién están aprendiendo la diferencia entre el día y la noche.
“Para los bebés, las rutinas básicas son realmente importantes. Es que los carguen, la alimentación adecuada, la crianza adecuada”, dijo Shadi Houshyar, quien dirige las iniciativas de infancia temprana y bienestar infantil en el grupo de defensa Families USA.
El número de menores de 1 año en esta situación se ha triplicado en dos años.
Los datos del Departamento de Justicia muestran que un total de 1,500 niños “no acompañados”, desde recién nacidos hasta los 3 años, han sido llamados a presentarse ante un tribunal de inmigración desde el 1 de octubre de 2015.
Aproximadamente las tres cuartas partes de estos niños están representados por un abogado y tienen que presentar su caso sobre por qué deberían permanecer en los Estados Unidos.
Los funcionarios que revisan estos casos de deportación dicen que la mayoría de los niños menores de 1 año cruzan la frontera con un padre y sus casos proceden de manera conjunta.
Pero a algunos se los consideró “no acompañados” solo después que oficiales los separaron de sus padres por la política de “tolerancia cero” hacia los inmigrantes de la administración Trump. Los niños fueron enviados a instalaciones a lo largo de los Estados Unidos bajo la supervisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
“Esto es hasta cierto punto una… crisis creada por el gobierno”, opinó Robert Carey, quien anteriormente encabezó la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que se hace cargo de la custodia de menores no acompañados. “Es un giro trágico e irónico de los acontecimientos”.
Los niños más pequeños también se consideran “no acompañados” si ingresan a los Estados Unidos con un miembro de la familia que es mayor que ellos, pero que aún no cumplió los 18 años. Los datos no aclaran cuáles niños llegaron de esa manera o cuáles fueron separados de sus padres.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de más datos sobre en dónde están alojados los niños. Podrían estar en un hogar temporal o en una casa grupal, con un familiar o patrocinador, o tal vez ya se hayan reunido con un padre. El HHS, que opera la oficina de reasentamiento de refugiados, no hizo comentarios al momento de publicar esta historia.
En declaraciones anteriores, el gobierno ha argumentado que la separación, y sus consecuencias, son desafortunadas pero inevitables, según la ley.
“Hay una forma segura de evitar la separación de sus hijos. Preséntese legalmente… o quédese en su país de origen, y siga el proceso que otros hacen”, dijo Alex Azar, secretario del HHS, en una llamada de prensa a principios de este mes. “Ninguno de nosotros quiere niños separados de sus padres. No quiero tener ningún niño bajo nuestro cuidado y custodia”.
La cantidad de niños no acompañados convocados a la corte desde el 1 de octubre de 2015 aumenta a 2.900 si se incluyen niños de hasta 5 años. El total aumentará entre ahora y el 30 de septiembre, cuando finalice el año fiscal, afirmó Susan Long, experta en estadísticas de la Universidad de Syracuse y directora de TRAC, un repositorio de datos sobre inmigración y tribunales federales. También hay un retraso acumulado en el ingreso de datos.
En junio, un juez de distrito en San Diego ordenó al gobierno federal reunificar a las familias dentro del mes a partir del fallo, específicamente ordenándoles que reunieran a los niños menores de 5 años con sus padres no más tarde del 10 de julio.
El HHS reunió a cerca de la mitad de esos niños para el 12 de julio: 57 de 103. El Gobierno dijo que otros no pudieron volver con el padre, citando en algunos casos “antecedentes penales graves” o padres que están actualmente en la cárcel.
En 12 de los casos, los padres de esos niños ya habían sido deportados. En otro, el gobierno no pudo determinar dónde se encontraba el padre del niño, y en otro, el padre tenía una “enfermedad contagiosa”, dijo el HHS.
El Departamento de Seguridad Nacional, que emite las órdenes judiciales, tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
En los casos de deportación, los niños no tienen derecho a un abogado pro bono, pero sí a una lista de abogados que ofrecen su ayuda, con los que el cuidador actual del niño puede comunicarse.
Y los niños pequeños raramente conocen los detalles de por qué huyeron de su país de origen, especialmente sin un padre presente, señaló Eileen Blessinger, abogada de inmigración con sede en Virginia que ha estado ayudando a padres.
“Piénsalo como un padre. No vas a decirle a tu hijo que podrían matarlo, ¿verdad? “, dijo. “Muchos de los niños no saben nada”.
El tribunal de inmigración, que es una unidad administrativa del Departamento de Justicia, es diferente de los tribunales típicos. Lidia con “entrevistados” que pueden ser demasiado jóvenes para hablar, pero no tiene trabajadores sociales o recursos legales enfocados en el mejor interés de un niño, aseguró Lenni Benson, profesor de la Facultad de Leyes de Nueva York y fundador del Proyecto Safe Passage, que proporciona servicios legales a jóvenes migrantes.
“Un juez de inmigración no está escuchando que la mamá quiere al niño, y que hay que decidir qué es lo mejor”, dijo Benson. En cambio, a lo que presta atención es que “el gobierno te ha acusado de ser un posible ‘deportable’. ¿Tienes pruebas que demuestren que tienes derecho a estar aquí?”, agregó.
Benson contó que, en 2014, durante una audiencia en un tribunal de inmigración, un juez pidió que sacaran de la sala a un bebé que estaba llorando. Benson contó que respiró profundo antes de decirle al juez que el bebé era el próximo demandado en el expediente, y le pidió a la abuela que interviniera.
Es mucho lo que está en juego para los bebés y para cualquier migrante que huye de la violencia, dijo Paul Wickham Schmidt, un ex juez de inmigración que se retiró en 2016 después de 13 años en el tribunal en Arlington, Virginia.
“Las órdenes finales de deportación tienen consecuencias”, dijo. “Para algo que tiene un resultado muy serio, este sistema ha sido descrito como que trata casos de pena de muerte en una corte de tránsito”.
Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración y jueza especializada en casos de menores en Los Ángeles, reconoció que la administración debilitó una directiva sobre cuánto pueden los jueces ayudar a los menores en los tribunales. Aun así, dijo, los jueces hacen todo lo posible para garantizar que los niños pequeños tengan una audiencia justa.
Datos del Departamento de Justicia muestran que las denegaciones de asilo están alcanzando su punto más alto de la última década: 42%, y la agencia de noticias Associated Press informó que la administración ha hecho más difícil probar la necesidad de un individuo de recibir asilo.
Al mismo tiempo, los niños pueden verse afectados por la falta de recursos, dijo Blessinger.
La abogada describió a un cliente cuya hija de 7 años recibió apoyo legal de una organización benéfica con sede en Nueva York. Incluso en ese caso, dijo, la organización actuó simplemente como un “amigo de la corte”, en lugar de un abogado de pleno derecho, solicitando retrasos en los procedimientos hasta que el niño y la madre pudieron reunirse. Algo que finalmente sucedió el martes 17 de julio por la noche.
“Es la experiencia más triste. Estas personas no se recuperarán en el corto plazo”, dijo. “Los padres siguen llorando, incluso después que se han reunido”.
La cobertura de KHN sobre los temas de salud infantil es apoyada en parte por la Heising-Simons Foundation.
Foto de portada: Rally de protesta contra la separación de familias inmigrantes fuera de la Corte Federal de Bridgeport, Conn. el pasado 11 de julio donde se estaba viendo el caso de dos menores centroamericanos separados de sus padres. (John Moore/Getty Images)
(English version)
Trump Administration Summons Immigrant Infants
The Trump administration has summoned at least 70 children under 1 year old to immigration court for their own deportation proceedings since Oct. 1, according to new Justice Department data provided exclusively to Kaiser Health News.
These children, who may be staying with a sponsor or in a foster care arrangement, need frequent touching and bonding with a parent and naps every few hours, and some are of breastfeeding age, medical experts say. They’re unable to speak and still learning when it’s day versus night.
“For babies, the basics are really important. It’s the holding, the proper feeding, proper nurturing,”said Shadi Houshyar, who directs early childhood and child welfare initiatives at advocacy group Families USA.
The number of infants under age 1 involved has been rising — up threefold from 24 infants in the fiscal year that ended last Sept. 30, and 46 infants the year before.
The Justice Department data show that a total of 1,500 “unaccompanied” children, from newborns to age 3, have been called in to immigration court since Oct. 1, 2015.
Roughly three-fourths of the children involved are represented by a lawyer and they have to make their case that they should stay in the United States.
Officials who review such deportation cases say most children under 1 cross the border with a parent and their deportation cases proceed together.
But some of the infants were deemed “unaccompanied” only after law enforcement separated them from their parents during the Trump administration’s “zero-tolerance” immigration policy. The children were sent to facilities across the U.S. under the supervision of the Department of Health and Human Services.
“This is to some extent a … crisis of the creation of the government,” said Robert Carey, who previously headed the Office of Refugee Resettlement, which takes custody of unaccompanied minors. “It’s a tragic and ironic turn of events.”
Younger children are also considered unaccompanied if they enter the U.S. with an older family member who is not yet 18. The data do not clarify which children arrived that way or which were separated from their parents.
The Justice Department did not respond to a request for further data about where the children are housed. They could be in a foster care home, at a group home, with a relative or sponsor or reunited with a parent. HHS, which operates the refugee resettlement office, did not provide comment by publication time.
In previous statements, the government has argued that separation — and its consequences — are unfortunate but unavoidable under the law.
“There is a surefire way to avoid separation from your children. Present yourself legally … or stay back at your home country, and go through the process others do,” HHS Secretary Alex Azar said on a media call earlier this month. “None of us want children separated from their parents. I want no children in our care and custody.”
The number of unaccompanied children called in to court since Oct. 1, 2015, swells to 2,900 if kids up to 5 are included. The total will rise between now and Sept. 30, when the fiscal year ends, noted Susan Long, a statistician at Syracuse University and director of TRAC, a repository of immigration and federal court data. There’s also an ongoing backlog in entering the data.
In June, a district judge in San Diego ordered the government to reunify families within a month, specifically directing them to unite children younger than 5 with parents by July 10.
HHS reunited about half of those children by July 12 — 57 out of 103. Others, the government said, could not be placed with a parent, citing in some cases “serious criminal history” or parents currently being in jail.
In 12 cases, those children’s parents had already been deported. In another, the government had failed to figure out where the child’s parent was located, and in another, the parent had a “communicable disease,” HHS said.
The Department of Homeland Security, which issues the court orders, also did not respond to a request for comment.
In the removal cases, children have no right to an appointed lawyer, but rather to a list of legal aid attorneys that the child’s current caregiver can contact.
And young children rarely know the details of why they fled their home country, especially without a parent present, noted Eileen Blessinger, a Virginia-based immigration lawyer who has been aiding parents.
“Think about it as a parent. You’re not going to tell your child they might be killed, right?” she said. “A lot of the kids don’t know.”
Immigration court, which is an administrative unit of the Department of Justice, is different from typical courts. It handles “respondents” who may be too young to speak, but has no social workers or legal remedies focused on the best interest of a child, said Lenni Benson, a New York Law School professor and founder of the Safe Passage Project, which provides legal services to migrant youth.
“An immigration judge has no discretion,” Benson said. “There’s no ‘I’m hearing the mom wants the kid, I’m going to decide what’s best,’” she said. Instead, “it’s ‘the government has charged you with being removable from the U.S. Do you have evidence to show you have a right to be here?’”
Benson recounted being in immigration court in 2014 when a judge asked for a crying baby to be removed from the courtroom. She said she paused to inform the judge that the baby was the next respondent on the docket — and asked that the child’s grandmother stand in.
The stakes for the babies, and any migrant fleeing violence, are high, said Paul Wickham Schmidt, a former immigration judge who retired in 2016 after 13 years on the bench in Arlington, Va.
“Final orders of deportation have consequences,” he said. “For something that has a very serious result, this system has been described as death penalty cases in traffic court.”
Ashley Tabaddor, president of the National Association of Immigration Judges and a judge specializing in juvenile cases in Los Angeles, acknowledged that the administration narrowed a directive on how much judges can assist juveniles in court. Still, she said, judges do their best to ensure that young children get a fair hearing.
Justice Department data show that asylum denials are at a nearly 10-year high at 42 percent, and the Associated Press reported that the administration has raised the bar for making a successful case.
At the same time, children can be strapped for resources, Blessinger said.
She described one client whose 7-year-old daughter received legal support from a New York-based charity. Even in that case, she said, the organization acted simply as a “friend of the court” — rather than a full-fledged attorney — requesting delays in proceedings until the child and mother could be reunited. That finally happened Tuesday night, she said.
“It’s the saddest experience. These people are not going to be recovering anytime soon,” she said. “The parents are crying even after they’re reunited.”
KHN’s coverage of children’s health care issues is supported in part by the Heising-Simons Foundation.
Photo caption: Protesters rally against the separation of immigrant families outside a U.S. federal court on July 11 in Bridgeport, Conn., where the case of two Central American children separated from their parents was being heard. (John Moore/Getty Images)