El mayor reto y compromiso del gobierno mexicano es consolidar el Estado de Derecho, tema que desde hace más de tres décadas han hecho
su mayor esfuerzo, recordemos la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990 por el ex presidente de México, Carlos
Salinas de Gortari, en su reforma del 28 de enero de 1992 que adicionó el apartado d) al artículo 102 de nuestra Carta Magna elevandola a
rango constitucional y órgano desconcentrado con personalidad jurídica y patrimonio propio que da sustento al Sistema Nacional no
Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos.
Así, las reformas propuestas por Felipe Calderón Hinojosa ex presidente de México (aprobadas por el Congreso) al Artículo 10 Constitucional, ahora llamado “De los derechos humanos y sus garantías”, que incorpora y eleva a rango constitucional el concepto de “derechos humanos” y establece la obligación para todas las autoridades a ser congruentes con los tratados internacionales en materia de no discriminación; así como la reforma al sistema de justicia penal, con los juicios orales (nuevo sistema de justicia penal), lo cual permite entre otros beneficios, que los procesos penales sean más rápidos y eficientes, que los asuntos que no son graves se resuelvan por medio del diálogo, que los procesos sean públicos para que la víctima y el inculpado muestren sus argumentos ante el juez de forma oral y garantizar los derechos humanos de la víctima y el ofendido.
De singular e histórica reforma del 10 de junio del 2011, que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y diferentes reformas de artículos constitucionales que bien vale destacar principalmente: “TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO I; De los Derechos Humanos y sus Garantías; Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (…) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 3o. (…) La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. I a VIII”. Entre otras reformas en materia de derechos humanos….
El presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el objetivo de garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente para la meta nacional “México en Paz”, y en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 establece cuatro objetivos para alineados a dicha meta: 1) Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de Procuración de Justicia, 2) Asegurar la implementación en tiempo y forma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 3) Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente y 4) Reducir la impunidad. Una de las estrategias prioritarias para lograr un “México en Paz”, es la de “Impulsar las iniciativas de reformas legales derivadas del mandato constitucional”, como: iniciativas de reformas para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, Entre las reformas estructurales en materia de procuración, impartición de justicia y derechos humanos que se propusieron y aprobaron, están la “Nueva Ley de Amparo”, sugerida como el mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos de los poderes públicos; el “Código Nacional de Procedimientos Penales”, cuyo contenido garantiza que cualquier mexicano pueda ser juzgado con los mismos procedimientos, sin importar el lugar del país en el que se encuentre.
CONSECUENTEMENTE, NI MAS….NI MENOS….SOLO LO JUSTO!…. La premisa mayor del gobierno de México es la transformación política y ejercicio de la democracia, sus piedras angulares son la educación, estabilidad económica, empleo, productividad en el campo en umarco de certidumbre que debe ofrecer la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia para contrarrestar la violencia, la corrupción y la impunidad en nuestra sociedad mexicana. Sin embargo, las reformas aún no han dado los resultados esperados, la percepción de los ciudadanos así lo indicó en una evaluación realizada a principios de junio del presente año, por un organismo internacional (World Justice Projecto –WJP-) sobre el estado de derecho de 102 países. En esta evaluación, México obtuvo el lugar 79 en ese rubro; 93 en justicia penal, 99 en orden y seguridad, 93 en justicia civil y el lugar 88 en ausencia de corrupción.
Las estrategias y reformas estructurales en materia de procuración, impartición de justicia y derechos humanos, no han contado con el compromiso público para consolidarlas y con ello fortalecer el estado de derecho en el país. Apremia que los tres órdenes de gobierno concreten y apliquen mayor esfuerzo en materia de derechos humanos, seguridad pública, procuración, impartición de justicia, para que se fortalezca y consolide el ESTADO DE DERECHO y sea el eje rector de la toma de decisiones, de no ser así la gobernabilidad de México quedara “al garete”. El mayor reto en México es enfrentar los retos de la económica, educación, inseguridad, violencia, corrupción e impunidad si no se atienden de inmediato, el colapso puede ser irremediable…
Sin duda el Presidente Enrique Peña Nieto Hace su mayor esfuerzo y propuso en noviembre pasado acciones como: Envío de una iniciativa de Reforma Constitucional con el fin de expedir la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizados en las Autoridades Municipales; Creación de policías estatales únicas; Expedición de leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; Creación de sistema nacional de personas no localizadas y un sistema de información genética; publicar el reglamento de la ley general de víctimas y poner en operación el registro nacional de víctimas y el fondo de ayuda y reparación integral de asistencia; Integración del Consejo Consultivo para la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos; Aprobación pronta de diversas leyes en combate a la corrupción; hace más de un año la reforma para el campo, a fin de garantizar mayor productividad en este sector. Si no se descongela la reforma y se aprueba, se corre el riesgo de un desabasto alimentario con sus consecuentes resultados. ES CUANTO!…
