WASHINGTON, D.C. – Pasando revista por algunas noticias migratorias de los últimos días, llegué a la conclusión de siempre: la única salida sigue siendo una reforma migratoria integral.
Me explico.
La semana pasada el gobierno anunció que auditará a 652 empresas porque los nombres de algunos de sus empleados no coinciden con los datos del Seguro Social por lo cual se sospecha que muchos de esos empleados serían indocumentados.
El cambio de enfoque del empleado al empleador es algo que había anunciado la administración de Barack Obama y responde en parte a la estrategia de demostrar que aunque no se hayan suspendido las redadas migratorias en los centros de trabajo, habrá un mayor “balance” porque la atención no sólo se centrará en los trabajadores indocumentados sino en quienes los contratan.
De esta forma creen que apaciguan a los sectores que han condenado el recrudecimiento de las redadas en los últimos años.
Se entiende también que es parte de la estrategia para demostrar que se están aplicando las leyes de manera efectiva para tratar de satisfacer al otro sector que argumenta que el problema central es que no se aplican las leyes migratorias.
Es decir, la administración busca lo que en buen castellano se conoce como un “happy medium”, un término medio: no declaran una moratoria a las redadas y deciden concentrarse en ciertos empleadores.
Pero el problema es que las redadas continúan, y centrarse en los empleadores supone que miles de empleados corren el riesgo de ser despedidos en medio de una crisis económica.
Por ejemplo, la empresa American Apparel, de Los Ángeles, es uno de los negocios investigados por el gobierno, y calcula que 1,500 de sus más de 6,500 empleados, estarían sujetos a verificación de elegibilidad para trabajar en este país. Si no la comprueban, serían despedidos.
American Apparel, por cierto, es una empresa conocida por promover abiertamente una reforma migratoria amplia.
Con redadas tradicionales o “administrativas”, de todos modos los trabajadores llevan las de perder, las empresas se afectan y eso a su vez incide sobre la economía en una especie de círculo vicioso.
Otra noticia que acaparó la atención fue el caso del joven estudiante Walter Lara, de 23 años de edad, traído a este país por sus padres desde la Argentina cuando tenía apenas tres años. Se supone que fuera deportado ayer, pero el jueves la Secretaria del Departamento de Seguridad Interna, DHS, Janet Napolitano, postergó la acción por un año.
O sea, Walter tiene un año para que pase al menos una de tres cosas: que se apruebe un proyecto independiente que le permita quedarse aquí, que se promulgue la medida DREAM Act, que legalizaría a jóvenes indocumentados que fueron traídos a este país, o que se promulgue una reforma migratoria amplia que seguramente integraría el lenguaje de la DREAM Act.
Aunque a muchos nos alegra sobremanera que Walter no haya sido deportado, la realidad es que hay cientos de miles en el mismo limbo legal y el propio Walter reconoce que sin una ley de por medio su situación sigue siendo incierta.
Y obviamente el problema nunca va a solucionarse caso por caso considerando sobre todo que anualmente se gradúan de secundaria 65,000 jóvenes con situaciones similares a la de Walter.
Todas estas soluciones a medias me hacen pensar en un techo lleno de goteras en medio de un diluvio donde vamos colocando un parche aquí y otro allá para no seguir mojándonos, pero tarde o temprano cede a la presión del agua y terminamos empapados.
La realidad es que ya estamos empapados: redadas, separación familiar, más inmigrantes en centros de detención, jóvenes imposibilitados de cumplir sus sueños profesionales, y el futuro incierto que supone para los inmigrantes vivir sin saber si a la vuelta de la esquina serán detenidos y sacados del país.
La crisis de nuestro sistema migratorio no responde a meros parches. La respuesta para romper con este círculo vicioso de soluciones a medias sigue siendo una reforma amplia y a fondo de nuestras leyes migratorias.
Maribel Hastings es Senior Advisor de America’s Voice
