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Deportación masiva mediante el "desgaste"

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La premisa del sector antiinmigrante que predomina en algunos sectores del país es que fastidiando a los indocumentados, con medidas que les cercene el oxigeno para el diario vivir, eventualmente hará que preparen maletas y se vayan de regreso a sus lugares de origen con sus vidas hechas trizas y sus ilusiones muertas.

La organización en pro de una solución migratoria responsable, America’s Voice, con sede en Washington, dio a conocer un análisis denunciando el concepto del “desgaste” que enuncia fundamentalmente el objetivo de hacerle la vida de cuadritos a los inmigrantes que carecen de estatus migratorio para que se larguen de Estados Unidos y atribuye el despropósito al Partido Republicano.

El informe se refiere a las acciones de los congresistas republicanos que lideran el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Lamar Smith (de Texas), Elton Gallegly (de California) y Steve King (de Iowa), quienes abogan por una deportación masiva mediante el “desgaste”.

De acuerdo con el informe de America’s Voice, la doctrina del “desgaste” fue articulada por primera vez en 2005 en un documento preparado por el antiinmigrante Centro de Estudios de Inmigración (CIS), de Washington, que esencialmente plantea tomar medidas para que los indocumentados se “autodeporten”.

La entidad antiinmigrante NumbersUSA, que comparte el criterio, ha señalado que no es necesario que los contribuyentes vean como el gobierno se gasta el dinero en expulsar a los “ilegales”, sino sencillamente concluye que mediante el “desgaste”: “Ellos (los indocumentados) comprarán sus pasajes de avión o autobús para su regreso a casa”.

La meta de los antiinmigrantes mediante el “desgaste” es que los 12 millones de indocumentados se vayan del país.

Dos años antes de que el Centro de Estudios de inmigración esbozara la teoría del “desgaste” funcionarios de la administración del presidente George W. Bush delinearon un concepto similar.

La Operación Endgame o Final del Juego, concebida por la Oficina de Detención y Remoción del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), planteaba la deportación de todos los indocumentados entre 2003 y 2012 mediante acciones policiales y actividades dirigidas a aburrir a los “ilegales”.

El nombre de Endgame o Final del Juego deriva del nombre de una fase del juego de ajedrez, que se da cuando se alistan las piezas para darle jaque mate al enemigo, solo que en este caso los contrincantes son los inermes indocumentados.

Entre las medidas de “desgaste” para promover la autodeportación de los indocumentados están la verificación de estatus migratorio a través de sistemas como E-Verify, la suspensión de expedición de licencias de conducir, la prohibición de que puedan alquilar viviendas y el cierre de los caminos para que tengan acceso a la educación superior.

La expresión más palmaria del concepto de “desgaste” fue el proyecto de ley HR 4437, que fue aprobado en la Cámara de Representantes a finales de 2005, y que proponía criminalizar a los indocumentados.

La llamada ley Sesenbrenner fue derrotada por las marchas multitudinarias de 2006, y en el Capitolio decidieron abrogar la propuesta, pero el concepto de “desgaste” ha terminado propagándose por todo el país en forma de leyes y proyectos legislativos estatales y locales.

Yo trabajé durante medio año para America’s Voice como asesor de medios en español, y conozco la encomiable tarea que desarrolla la organización, pero respecto al reporte del “desgaste” disiento en que la responsabilidad sea enteramente republicana.

En 2008, como director del semanario Mi Gente, de Carolina del Norte, recomendé en las páginas de opinión que los lectores ciudadanos votaran por la hoy senadora demócrata Kay Hagan y por el hoy representante demócrata a la Cámara, Larry Kissell, con la esperanza de que apoyaran un alivio migratorio para los indocumentados. La actuación de los dos en el Capitolio ha sido desastrosa en el tema de inmigración, solo han estado contribuyendo al “desgaste”.

Entre tanto, la Casa Blanca no se ha atrevido a emitir una orden administrativa que frene las deportaciones de indocumentados que no son criminales y se gasta 12,500 dólares por cada indocumentado que expulsa del país. El año pasado se gastó 5,000 millones de dólares.

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