De un plumazo no se puede eliminar lo que con tanta sangre y sacrificio han logrado la clase periodística dominicana: el derecho a informar.
“Es absurdo que se quiera privar de libertad a un periodista por el delito de palabra, cuyas sanciones a las violaciones que pudieran tener son más moral y no penales o si se quiere algunas sanciones que sean civiles, un tribunal comprueba que hubo interés de hacer daño, dice el presidente del Colegio de Periodistas, Aurelio Henríquez.
Penalizar, aumentar la pena a los delitos de prensa o de palabra, es un retroceso inaceptable, y más aún con ello se estaría poniendo una mordaza a los periodistas, los medios de comunicación y a los ciudadanos que tiene acceso a estos medios.
Así se expresa ante la Opinión Pública y el Congreso Nacional, especialmente, a la Comisión de Comunicación, el Colegio Dominicano de Periodista, CDP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, y comunicadores de distintos medios informativos que acudieron a la Cámara de Diputados a pedir la modificación del Código Penal Dominicana en lo que respecta a la Difamación e Injuria.
Y es que, de ser aprobada en segunda lectura esta propuesta, se estaría estableciendo censura previa a los ciudadanos para que no se refieran a las acciones del Presidente y el Vicepresidente de la República, senadores, diputados, jueces, autoridades electorales y el Procurador General de la República porque podrían considerarse eventualmente ofensivas y podrían ser castigados con penas de cárcel de dos a tres años y multas equivalentes entre siete y nueve salarios.
El CDP, plantea que los Diputados, as, deben rectificar esta medida y eliminar del proyecto de modificación del Código Procesal Penal el articulo 191 que dice que constituye injuria el hecho de proferir públicamente a otra persona, física o moral, cualquier expresión afrentosa, invectiva o que encierre término de desprecio y que el condena con cárcel las expresiones que pudieren ser ofensivas a los funcionarios públicos.
“la tendencia mundial es despenalizar los delitos de prensa no ratificarlos, eso sería un retroceso. Además, existe una ley especial la 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento que reglamenta todo lo relativo a esta materia.
“Esta iniciativa es inválida, no aplicable, ya que es contraria a la Constitución de la República, los tratos y convenios internacionales, es ilegitima”, reiteró Olivo de León, secretario general del SNTP:
Ante la situación planteada, la Comisión de Comunicación sostuvo una reunión con el presidente del Colegio de Periodistas Dominicano, CDP, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, y comunicadores, quien solicitan la despenalización de la figura de la Difamación e Injuria contenida en el Código Penal Dominicano.
El presidente de la comisión, Nelson Guillen, dio la bienvenida y garantías a los comunicadores gremialistas de que el pleno de diputados y diputadas presentará modificaciones al proyecto.
Saludó la decisión del CDP de fijar posición y plantear propuestas sobre el tema, al tiempo de garantizar que los “diputados periodistas fortaleceremos la posición planteada por el CDP en la comisión y el pleno”.
Nelsón Guillén, aclaró que la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados se suma a la lucha mundial por la despenalización, revisión de la multiplicidad de las penas contenidas en el Código Penal.
Carlos Gabriel García, diputado, aclaró que el Código Penal Dominicano es un proyecto que está siendo estudiado por la Comisión de Justicia.
“Ese proyecto no es iniciativa de ningún legislador, es una figura contemplada del Código Penal Dominicano”,reiteró.
El diputado Luisín Jiménez, dijo a los gremialistas que “como legislador y comunicador nunca votaría por esos articulados”.
Elpidio Báez también felicitó a los periodistas “por defender el ejercicio del periodismo”, e invitó para que asistan este miércoles a la Vistas Pública que será celebrada por la Comisión de Justicia para escuchar a los diversos sectores sobre el CPD.
El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Henríquez, solicita a la Cámara de Diputados excluir de la propuesta de modificación del Código Penal, los artículos referentes a la Difamación e Injuria y dejarla al proyecto que modifica la Ley 6132, que es una
“Ley Orgánica que rige la materia.
Henríquez, reitera que la citada modificación del Código Penal Dominicano, en lugar de eliminar definitivamente los delitos de prensa , la aumentan y más aún establece una mordaza a los periodistas cuando en su artículo 193 sanciona con penas de hasta tres años y multa de hasta nueve salarios mínimos, cuando critiquen a funcionarios públicos.
Olivo de León, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, en carta remitida al presidente de la Cámara, Abel Martínez Durán, advierte que con la aprobación en segunda lectura del código se estarían violando diez artículos de la Constitución de la República, dos tratados internacionales y otras normas nacionales y extranjeras.
“Se violaría el artículo 2,7, 8, 22, 49, 38, 64, 74, 19,13”, citó de León.
El secretario general del SNTP, dijo a los miembros de la comisión de Comunicación que el derecho a la información es un derecho humano fundamental, por lo cual su regulación entra en el campo de las leyes orgánicas, lo que implica que para su modificación o aprobación se requiere del voto de las dos terceras partes, según consta en el artículo 112 de la Carta Magna.
El abogado del CDP, Wagner Sierra, dijo que la penalización por Difamación e Injuria contenida en el Código Penal Dominicano, es un retroceso que data de 1800.
La Comunicadora Consuelo Despradel, dijo que esta es “una disposición de represión que viene desde arriba para que todo lo que se diga en este país de los funcionarios sea callado”. Además del presidente del CDP, le acompañaron los peridistas Robert Vargas, Genris García, Wagner Sierra, Iris Neida Cuevas.
