WASHINGTON, D.C. – El “Sheriff más rudo del Oeste”, Joe Arpaio, ya no tendrá (teóricamente) autoridad bajo el acuerdo 287(g) para arrestar en las calles a sospechosos de ser indocumentados, pero el alguacil desafió al gobierno federal y condujo el viernes otro operativo en las calles del condado de Maricopa, que incluye a Phoenix, echando mano de la ley estatal anti-coyote, que acusa de conspiración a indocumentados por haber pagado a algún traficante de personas para ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
El programa 287(g) autoriza a la policía local actuar como agentes de inmigración. Se aplica para identificar indocumentados en las cárceles y en las calles.
El DHS anunció que completó 55 acuerdos 287(g) con agencias policiales locales. Otros 12 fueron aprobados y todavía deben ser firmados por las agencias locales.
Pero la pregunta es, ¿por qué el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le renueva a Arpaio el acuerdo 287(g), así sea sólo para aplicarlo en las cárceles, cuando el alguacil es investigado por el propio Departamento de Justicia por violaciones de derechos civiles? Arpaio echa mano de perfiles raciales para detener a personas que se sospeche son indocumentados, y en el proceso ha detenido a residentes legales, ciudadanos estadounidenses, y ha aterrorizado a vecindarios latinos enteros.
De hecho, durante entrevistas recientes para alardear de que desafiaría al DHS, Arpaio dijo que la ley federal le autoriza detener personas basándose en su vestimenta, cómo hablan, y si se encuentran en zonas donde haya concentración de indocumentados.
El problema es que el lenguaje citado por Arpaio se basa en una interpretación legal inexacta.
El alguacil echó mano de un “análisis” legal preparado por un grupo conocido por sus posturas anti inmigrantes: la Federación para una Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR) al que el Southern Poverty Law Center designó como una organización que promueve el odio racial.
Las tácticas de Arpaio han resultado en 3,500 demandas en su contra y una investigación por parte de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia. Mientras tanto, miles de órdenes de arresto por delitos serios se siguen acumulando en el condado.
Frank Sharry, director ejecutivo y fundador de America’s Voice, declaró que “a Arpaio hay que frenarlo, no reautorizarle acuerdos”.
“La capacidad de las agencias del orden público de reducir la criminalidad se afecta cuando grandes segmentos de la población temen y desconfían de las autoridades. Arpaio, basándose en los consejos legales de una organización anti inmigrante extremista, ha desvirtuado este principio fundamental de la vigilancia comunitaria. En el mundo de Arpaio, los latinos, las mismas personas que pueden colaborar con las autoridades para identificar a verdaderos criminales, se convierten en blanco de sus tácticas. Esperemos que el Departamento de Justicia intervenga y haga lo que el DHS no ha hecho para ponerle punto final a este reino de terror”, declaró Sharry.
Los operativos en los vecindarios del condado de Maricopa, por cierto, han resultado en sólo 294 detenciones de indocumentados en los pasados dos años. En el operativo que se inició el viernes fueron detenidas 16 personas, pero no se había indicado bajo qué cargos. Mientras tanto, en las cárceles del condado han identificado 33,000 indocumentados en el mismo periodo de tiempo bajo el programa 287(g).
Las leyes federales de inmigración deben ser aplicadas por el gobierno federal, aunque en este caso se requiere una reforma de esas leyes porque las actuales simplemente no funcionan y resultan en situaciones como la de Arpaio: el terror de comunidades enteras en nombre de presuntamente ejercer mano dura contra los indocumentados aunque en el proceso se lleven por delante a ciudadanos y residentes legales y se violenten los derechos civiles indiscriminadamente.
Aparentemente al gobierno del cambio eso no le perturba.
