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WASHINGTON – Cuarenta y tres acusados en Estados Unidos y México, entre ellos 10 presuntos líderes mexicanos de carteles de drogas, escucharon los cargos contra ellos en 12 actas de acusación que se hicieron públicas ayer y hoy en tribunales federales de Estados Unidos en Brooklyn y Chicago, anunciaron el Departamento de Justicia, la Dirección de Control de Drogas de Estados Unidos (U.S. Drug Enforcement Administration o DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE). Se acusa a los presuntos líderes y otros miembros de alto rango de varios de los carteles de drogas más poderosos de México de dirigir operaciones criminales continuas o participar en conspiraciones internacionales de narcotráfico.
“Desbaratar estos peligrosos carteles y detener el flujo de drogas, armas y dinero en efectivo a través de la frontera sudoeste es una de las principales prioridades de este Departamento de Justicia”, afirmó el fiscal general Eric Holder. “Los carteles cuyos presuntos líderes han sido acusados hoy constituyen redes de muchos miles de millones de dólares que inundan nuestras calles de drogas, y lo que sigue invariablemente es más crimen y violencia en nuestras comunidades. Las actas de acusación de hoy demuestran nuestro compromiso inquebrantable de extirpar de raíz a los líderes de estas organizaciones criminales dondequiera que se encuentren. Continuaremos apoyando a nuestros aliados en México para desmantelar las insidiosas actividades de los carteles”.
“Conscientes de que ninguno de nuestros dos países puede vencer a los narcotraficantes solo, hemos aumentado la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México para permitir que combinemos nuestros recursos legales y de investigación para desmantelar estas organizaciones trasnacionales de drogas y llevar a los líderes ante la justicia”, dijo Eduardo Medina Mora, procurador general de México. “Sólo podemos proteger el derecho de nuestras sociedades de vivir en paz y armonía por medio de la confianza mutua entre nuestros gobiernos y la responsabilidad compartida”.
Tres de los presuntos líderes fueron acusados tanto en Brooklyn como Chicago. Se acusa a Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, Ismael “el Mayo” Zambada García y Arturo Beltrán Leyva, que presuntamente están entre los narcotraficantes más poderosos de México, de ser los actuales y antiguos líderes de la organización mafiosa conocida como el “Cartel de Sinaloa” y “la Federación”.
Cada uno de los tres está designado como Objetivo Prioritario de Organización Criminal (Consolidated Priority Organization Target o CPOT) por el Grupo Operativo de Control del Narcotráfico Organizado (Organized Crime Drug Enforcement Task Force u OCDETF).
También se incluyeron en las actas de acusación de Brooklyn a siete otros líderes de carteles, entre ellos los CPOT Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal, Héctor Beltrán Leyva (hermano de Arturo) y Jesús Zambada García (hermano de Ismael), todos los cuales son presuntos líderes de la Federación; el CPOT Vicente Carrillo Fuentes, el presunto líder del Cartel de Juárez; los CPOT Luis y Esteban Rodríguez Olivera, presuntos líderes de Los Güeros, y el CPOT Tirso Martínez Sánchez, presunto líder de su propia organización internacional de narcotráfico.
En conjunto, las cuatro actas de acusación de Brooklyn y las ocho de Chicago alegan que entre 1990 y diciembre del 2008, Guzmán Loera, Ismael Zambada García, Arturo Beltrán Leyva y otros fueron responsables por importar a Estados Unidos y distribuir casi 200 toneladas métricas de cocaína, además de grandes cantidades de heroína y gran parte del contrabando de Estados Unidos a México de más de $5,800 millones en efectivo derivado de la venta de drogas en todo Estados Unidos y Canadá.
Las actas de acusación que se hicieron públicas hoy procuran confiscar colectivamente más de $5,800 millones en fondos derivados de drogas. Asimismo, se han confiscado más de 32,500 kilogramos de cocaína, incluidos aproximadamente 3,000 kilogramos confiscados durante la investigación en Chicago, aproximadamente 7,500 kilogramos confiscados durante la investigación en Nueva York y 22,500 kilogramos confiscados previamente y vinculados posteriormente a las actividades de la Federación. Las actas de acusación también detallan la confiscación de 64 kilogramos de heroína y más de $22.6 millones en efectivo durante el curso de la investigación.
Como parte de esfuerzos coordinados, se ha arrestado a ocho acusados en el área de Chicago y Atlanta en la última semana. Anteriormente este año, otras 10 personas, todas clientes o camellos de estas organizaciones, fueron acusadas formal y separadamente en Chicago. Cinco acusados, todos distribuidores mayoristas o coordinadores de logística de carteles y radicados en Nueva York, fueron acusados por separado en Brooklyn. En total, 58 personas han sido acusadas en la investigación coordinada entre las fiscalías federales de Brooklyn y Chicago. Todos los acusados, excepto uno, enfrentan como máximo condena perpetua si se les declara culpables de los cargos contra ellos.
“Las actas de acusación anunciadas hoy son resultado de una campaña nacional e internacional de gran envergadura para detener el flujo de drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México, y hacia nuestras comunidades”, afirmó Benton J. Campbell, fiscal federal del distrito este de Nueva York. “Aplicaremos todos los recursos disponibles para ganar esta batalla”. El señor Campbell expresó su agradecimiento al ICE y al Grupo Operativo de la DEA en Nueva York, las agencias responsables por dirigir la investigación del distrito este, y por la asistencia prestada por el ICE y la DEA en Miami, Houston, México y Colombia.
“Estas acusaciones están entre los más significativos cargos de conspiración relacionada con drogas que jamás se han producido en Chicago”, dijo Patrick J. Fitzgerald, fiscal federal del distrito norte de Illinois. “Dos importantes organizaciones internacionales de suministro enfrentan acusaciones de importación de muchas toneladas de cocaína y grandes cantidades de heroína a Estados Unidos, a menudo a clientes de distribución mayorista de Chicago, como también a clientes en otras ciudades importantes. Presuntamente los acusados usaron prácticamente todos los medios imaginables de transporte para trasladar grandes cantidades de drogas y masivos envíos de dinero de regreso a México. Aplaudo los esfuerzos de los investigadores de la DEA que trabajaron arduamente para preparar estos casos”. El señor Fitzgerald también les agradeció a los agentes de la División de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service) en Chicago y la Oficina del Fiscal Federal del distrito este de Wisconsin en Milwaukee por su ayuda.
“Las acusaciones de hoy son otro golpe más contra los líderes de los carteles de drogas de México”, dijo Michele M. Leonhart, administradora interina de la DEA. “Nuestras incansables investigaciones penetraron estas poderosas organizaciones criminales, conectando operaciones en las calles de comunidades estadounidenses como Chicago y Nueva York con los principales barones de la droga que dirigían todo desde México. Que no quepa la menor duda de que junto con nuestros valientes aliados en México, desbarataremos estos carteles y perseguiremos a sus líderes”.
“Las agencias de la ley en el continente americano están trabajando más estrechamente que nunca antes y montando una ofensiva unida y trasnacional contra los carteles de drogas”, dijo John Morton, secretario adjunto encargado del ICE del Departamento de Seguridad Nacional. “Éste es un paso significativo para desintegrar la infraestructura de estas organizaciones criminales”.
Según una de las actas de acusación de Brooklyn, entre 1990 y 2005, Guzmán Loera, Ismael Zambada García y Arturo Beltrán Leyva, junto con Héctor Beltrán Leyva, Jesús Zambada García y Villareal como líderes de la Federación, conspiraron para importar más de 120 toneladas métricas (264,000 libras) de cocaína a Estados Unidos por medio de arreglos de cooperación y coordinación proporcionada por la Federación. Miembros de la Federación compartieron rutas de transporte de drogas y obtuvieron sus drogas de diversas organizaciones colombianas del narcotráfico, en particular, el Cartel del Norte del Valle de Colombia. Por ejemplo, en el 2004, dos envíos que ascendían a 22,500 kilogramos de cocaína fueron confiscados por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos cerca del litoral mexicano. Las actas de acusación afirman que los acusados emplearon sicarios, que bajo sus órdenes realizaron cientos de actos de violencia en México, entre ellos asesinatos, secuestros, torturas y cobros violentos de deudas por drogas.
Las actas de acusación en Chicago alegan que aproximadamente a principios del 2008, Arturo Beltrán Leyva, rompió la alianza con Guzmán Loera, Ismael Zambada García y la Federación debido a varios problemas, entre ellos el control de lucrativas rutas de narcotráfico a Estados Unidos y la lealtad de clientes mayoristas de drogas, incluidos los presuntos líderes de un grupo de distribución de Chicago. Las actas acusan a Guzmán Loera e Ismael Zambada García, además de siete otros asociados de alto rango, entre ellos, dos de sus hijos, Alfredo Guzmán Salazar (el hijo de Guzmán Loera) y Jesús Vicente Zambada Niebla (el hijo de Ismael Zambada García, que se encuentra en prisión en México), de coordinar sus actividades de narcotráfico para importar a Estados Unidos múltiples toneladas de cocaína de países de Centroamérica y Sudamérica, a través de México, usando diversos medios de transporte, incluida una aeronave de carga Boeing 747; submarinos y otras naves sumergibles y semi sumergibles; buques de contenedores; embarcaciones rápidas; botes de pesca; autobuses; vagones de ferrocarril, camiones de remolque y automóviles.
Guzmán Loera e Ismael Zambada García presuntamente coordinaban sus actividades de contrabando de cocaína y heroína con distribuidores mayoristas en todo Estados Unidos, entre ellos una célula de gran distribución en Chicago. Hoy, 16 de sus miembros fueron acusados formalmente ante el tribunal. Los miembros de la célula de Chicago presuntamente recibían un promedio mensual de 1,500 a 2,000 kilogramos de cocaína, gran parte de la cual o toda provenía en algunos casos de Guzmán Loera e Ismael Zambada García y las facciones del Cartel de Sinaloa que ellos controlaban. También obtenían una porción considerable del Cartel de Arturo Beltrán Leyva. Según alegan los cargos presentados, desde Chicago, grandes cantidades de cocaína y heroína se distribuían a clientes en Cincinnati y Columbus, Ohio; Detroit; Milwaukee; Nueva York; Filadelfia; Washington, D.C.; Vancouver, British Columbia, y otros lugares.
Guzmán Loera, Ismael Zambada García y las facciones del Cartel de Sinaloa que controlaban, presuntamente usaban varios medios para evadir a los agentes de la ley y proteger sus actividades de distribución de narcóticos, como la obtención de pistolas y otras armas; sobornos; actos de violencia y amenazas de violencia, e intimidación a mano armada contra agentes de la ley, narcotraficantes rivales y miembros de sus propias organizaciones de narcotráfico. Según los cargos presentados, Guzmán Loera, Ismael Zambada García y su hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla, tenían planeado conseguir armas en Estados Unidos y usar la violencia contra edificios estadounidenses y mexicanos en venganza por operativos antinarcóticos de cada país y para perpetuar sus actividades de narcotráfico.
En uno de los cargos presentados hoy en Brooklyn, se alega que Vicente Carrillo Fuentes es el líder del Cartel de Juárez, que opera en el corredor Juárez-El Paso, una de las principales rutas de contrabando de drogas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México que va de Ciudad Juárez, México, a El Paso, Texas.
La DEA calcula que aproximadamente 90 por ciento de la cocaína que entra a Estados Unidos viene por México. El Cartel de Juárez presuntamente recibía en México envíos de varias toneladas de cocaína procedentes del cartel colombiano del Norte del Valle y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar colombiana e importante entidad del narcotráfico. Según los cargos presentados, el Cartel de Juárez se mantenía en el poder mediante el pago de sobornos y numerosos actos de violencia, incluso el asesinato.
En otra acta de acusación en Brooklyn, los hermanos Luis y Esteban Rodríguez Olivera fueron acusados de ser los cabecillas de Los Güeros, organización narcotraficante que cobró prominencia dentro de la Federación. S egún documentos de la corte, Los Güeros operaban una ruta de suministro de narcóticos que se originaba en México, llegaba hasta Texas y de allí se bifurcaba a varios puntos, como el área metropolitana de Nueva York. Entre 1996 y el 2008, Los Güeros presuntamente importaron más de 100,000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. La DEA calcula que entre el 2004 y el 2006, la organización fue responsable de enviar más de 2,000 kilogramos de cocaína tan sólo a la ciudad de Nueva York. En enero del 2006, las autoridades mexicanas le confiscaron a la organización aproximadamente 5,200 kilogramos de cocaína destinada a Estados Unidos.
En una de las actas de acusación presentadas en Brooklyn, se alega que Tirso Martínez Sánchez es el cabecilla y organizador de una extensa red internacional de importación, distribución y transporte de narcóticos, responsable de la distribución de varias toneladas de cocaína en Estados Unidos. La organización de Martínez Sánchez presuntamente importaba cocaína a Estados Unidos desde México a través de California y Texas, y luego transportaba la cocaína por vía terrestre a grandes centros de distribución, entre ellos Los Ángeles, Nueva York y Chicago. Se alega que además de coordinar la distribución de la cocaína de su propia organización, Martínez Sánchez también transportaba y distribuía narcóticos para los miembros de Cartel de Juárez y la Federación.
Los casos en el distrito este de Nueva York están a cargo de los fiscales federales adjuntos Andrea Goldbarg, Claire Kedeshian, Bonnie Klapper, Stephen Meyer, Walter Norkin, Patricia Notopoulos y Carolyn Pokorny.
Los casos del distrito norte de Illinois están a cargo de los fiscales federales adjuntos Thomas Shakeshaft, Michael Ferrara, Greg Deis, Lindsay Jenkins, Renai Rodney, Angel Krull y Halley Guren.
Los casos fueron investigados por la DEA, el ICE y la división de investigación de delitos del Internal Revenue Service, en cooperación con autoridades de la ley de México y Colombia. Se recibió ayuda adicional de las fiscalías federales en Milwaukee, Miami y Houston. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División contra el Crimen ayudó con estos casos. Los esfuerzos de investigación fueron coordinados con la División de Operativos Especiales, compuesta por agentes, analistas y fiscales de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas (Narcotic and Dangerous Drug Section o NDDS) de la División Contra el Delito; la DEA; la FBI; el ICE; la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives); el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), y el IRS. Algunos individuos nombrados en las actas que se hicieron públicas hoy también han sido acusados de otros cargos por fiscalías federales de otros lugares del país y por la NDDS.
El acta de acusación es un documento formal que notifica al acusado de los cargos en su contra. Se presume que todas las personas contra quienes se presentan cargos son inocentes salvo prueba en contrario.
