Recientemente, los miembros del Congreso presentaron calladamente un proyecto de ley diseñado para permitir que las compañías de seguros les cobren a los trabajadores mayores cinco veces más de lo que otros consumidores pagan por la misma póliza de seguro de salud. Los partidarios de este proyecto lo llaman “clasificación por edad”. Pueden llamarlo como deseen, pero la realidad es que se trata de un impuesto injusto para los trabajadores mayores y que llenaría los bolsillos de las compañías de seguros.
A quienes más les costaría esta manera legal de discriminar es a las personas entre 50 y 64 años, que todavía son demasiado jóvenes para ser beneficiarios de Medicare. Según un análisis patrocinado por AARP, en relación con HR 708, “The State Age Rating Flexibility Act of 2017” (Proyecto de ley de flexibilidad en la clasificación por edad para los estados, del 2017), una persona de 60 años pagaría más de $3,000 adicionales al año en primas de seguros de salud. Sus primas del seguro podrían sobrepasar $17,900 al año. Esto es exorbitante y es la razón por la cual AARP se opone a este injusto impuesto sobre la edad.
Si este proyecto se convierte en ley, podría obligar a quienes viven en Delaware y tienen entre 50 y 64 años a gastar mucho más de su bolsillo para pagar por el seguro de salud.
Incluso ahora, muchas de estas personas se ven en apuros para pagar sus cuentas de atención médica, y no están en mejores condiciones que otros consumidores para afrontar un aumento en estos costos. Tal vez la economía está mejorando, ¿pero quién se encuentra en posición de absorber un aumento de más de $3,000 en la prima del seguro?
Y quienes lo pagarían no solo serían los individuos. Debilitar todavía más la protección de los derechos del consumidor en la clasificación por edad subiría los gastos de atención de salud del Gobierno. Los investigadores de AARP hallaron que si se aumentara el impuesto sobre la edad, los contribuyentes de todas las edades tendrían que gastar $6,700 millones adicionales en asistencia para los adultos mayores que necesiten ayuda adicional.
El límite actual, que obliga a las aseguradoras a cobrarles a los consumidores mayores no más de tres veces la cantidad que les cobran a los consumidores más jóvenes, forma parte de la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA). Bajo ACA, el número de personas entre 50 y 64 años sin seguro ha disminuido a la mitad —un verdadero logro que merece mucha más atención—.
En lugar de aumentar las ganancias de las compañías de seguros, AARP cree que Washington debería concentrarse en disminuir los costos del cuidado de la salud para todos, y tomar medidas para reducir los altos precios que cobran las compañías farmacéuticas. Por ejemplo, el Congreso podría aprobar legislación para permitir que Medicare negocie con estos fabricantes a fin de conseguir precios más bajos para los medicamentos recetados. Además, los legisladores podrían reducir los obstáculos a la competencia mundial de precios al permitir la importación de medicamentos de precio más bajo. No existe ninguna razón por la cual las personas en Estados Unidos deban seguir pagando precios más elevados por los medicamentos recetados.
En representación de las miles de personas que viven en Delaware, AARP se compromete a trabajar con los funcionarios elegidos de ambos partidos para encontrar soluciones responsables al problema de los crecientes costos del cuidado de la salud. Si estás de acuerdo en que es una mala idea obligar a los consumidores mayores a pagar miles de dólares adicionales por su atención médica, comunícate con tus congresistas y pídeles que defiendan a los trabajadores mayores en vez de a las compañías de seguros, y que declaren que se oponen al State Age Rating Flexibility Act of 2017.
Foto: #HOYenDelaware
