WASHINGTON, D.C. – Presentadas la demanda contra Arizona por la ley SB1070 y la petición para que los tribunales impidan su entrada en vigencia el 29 de julio, el gobierno federal busca reafirmar el control de sus responsabilidades de establecer y aplicar la política migratoria. Si reconoce ese aspecto, debería también comprender que la solución para evitar otros Arizonas es una reforma amplia de las leyes migratorias. ¿Abrirá la demanda el camino legislativo a esa eventual reforma? Eso está por verse.
Por más de dos meses, grupos pro inmigrantes y de derechos civiles solicitaron que el gobierno federal impugnara la ley SB1070 y aunque el argumento central de la demanda es que la autoridad federal supera a la estatal en el establecimiento y la aplicación de la política migratoria, el propio presidente Barack Obama dijo la semana pasada que la ley tiene el potencial de afectar incluso a ciudadanos y residentes legales por el color de su piel o por su acento.
Así que tras meses de aguardar por acciones concretas en el frente migratorio, la demanda federal supone una buena noticia. También es significativo que mantiene el tema migratorio sobre la mesa. Aunque es año electoral y la politiquería suele nublar a la razón, cuando de inmigración se trata, está más que probado que durante o fuera de año electoral es un tema complicado que no debe seguir relegándose por el potencial de que surjan situaciones como la de ahora.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y los políticos republicanos que apoyan la SB1070, argumentan que la ley responde a la inacción federal de resolver el problema migratorio. Pero algunos de esos políticos, como es el caso de los senadores Jon Kyl y John McCain, han obstaculizado el avance de un plan de reforma migratoria que alguna vez apoyaron y defendieron como necesario para encarar ese problema migratorio. No hay nada como una campaña electoral para lograr que los políticos ajusten sus posturas a lo que creen puede reelegirlos.
Y no hay nada como años electorales para formular promesas como la que hizo el presidente Barack Obama de promulgar una reforma migratoria que no se concretó.
Pero ahora la administración encara uno de los resultados de la falta de esa reforma migratoria, que es la ley de Arizona.
Algunos dirán que sólo está actuando para demostrarle a los votantes hispanos, muchos de los cuales lo apoyaron en 2008 precisamente por su promesa de reforma migratoria, que su gobierno está de su lado; que los demócratas están de su lado. Los republicanos echarán mano de la acción para atizar a su base y con ello apartar todavía más a los votantes latinos; y ya se verá si todos los desarrollos movilizan a los votantes latinos en favor de los demócratas.
Con todo, es una acción. Una acción que puede prevenir la implementación de una ley mal concebida con su potencial de oficializar los perfiles raciales, y una acción que debería dar paso a un debate racional sobre el problema de fondo.
Después de todo, como lo han demostrado diversas encuestas, incluyendo las comisionadas por America’s Voice, el mismo público que apoya la ley de Arizona y que lo hace por su frustración ante la falta de una solución, también apoya una reforma migratoria amplia. Ese mismo público cree que se requiere una solución nacional.
Aunque parezca contradictorio, no lo es.
Con la presentación de la demanda contra Arizona se abre otro capítulo del debate migratorio, uno que mantiene la discusión viva y que ojalá resulte en soluciones sensatas
