Washington, DC – ¿Qué podría hacer el gobierno federal con cinco mil millones de dólares adicionales en sus arcas para estimular la economía? Muchas cosas.
Eso gastó el gobierno el año pasado en la deportación de 393,000 indocumentados. Se calcula que se gastan alrededor de 12,500 dólares en cada inmigrante indocumentado.
Muchos dirán que ya estamos abogando por el caos y por que nadie sea deportado. No es el caso. Hay leyes que cumplir y siempre habrá deportaciones, sobre todo de quienes suponen un riesgo y una carga para nuestra sociedad. De hecho, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deportó a 195 mil criminales en el año 2010, un alza de 70% con respecto a 2008.
Sólo abogamos por una solución razonable que considere los beneficios que traen los trabajadores inmigrantes a nuestra economía y por que no se simplifique la discusión a algo tan burdo como parecen sugerir figuras republicanas en la Cámara de Representantes: un plan de creación de empleos a punta de deportaciones.
Lamar Smith, el congresista republicano de Texas que encabeza el Comité Judicial de la Cámara Baja, parece creer que remover a ocho millones de trabajadores sin documentos de la fuerza laboral supondrá que por arte de magia ocho millones de estadounidenses desempleados ocuparán los trabajos que esos inmigrantes dejarían.
Del dicho al hecho hay un gran trecho.
Tomemos, por ejemplo, a los trabajadores agrícolas.
Se calcula que más del 60% de los 2.5 millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos son indocumentados.
A pesar de su vital labor en la siembra, cosecha y recogido de nuestros alimentos, trabajan bajo una de las peores situaciones laborales del país.
El año pasado el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) inició la campaña “Tomen Nuestros Empleos”, retando a registrarse y trabajar en los cultivos a quienes creen que los indocumentados que laboran los campos les quitan trabajos a los estadounidenses. En los primeros días 5,000 personas solicitaron la información y sólo tres permanecieron tras conocer los detalles del trabajo que realizarían.
La mano de obra de estos indocumentados garantiza que el suministro de alimentos no se interrumpa y que el consumidor no termine pagando altos precios.
Esto no sólo aplica al sector agrícola sino a otros sectores económicos.
No olvidemos la aportación de esos trabajadores indocumentados a la solvencia de nuestro Seguro Social mediante el pago de impuestos al plan.
El columnista Edward Schumacher-Matos ha citado cifras que señalan, por ejemplo, que para el año 2007 el fondo fiduciario del Seguro Social había recibido “un beneficio neto de entre 120 mil y 240 mil millones de dólares de parte de los trabajadores indocumentados”. En el año 2007 su contribución neta al Seguro Social fue de 12 mil millones de dólares.
A nivel estatal se critica que suponen una carga para los estados en escuelas y hospitales, por ejemplo. Pero ¿no sería más razonable legalizarlos para regularizar su pago de impuestos no sólo a nivel federal sino estatal?
Empero, los republicanos prefieren seguir destinando miles de millones de dólares a medidas estrictamente policiacas sin considerar todas las ramificaciones de este fenómeno.
Peor aún, para evitar un debate real siguen proponiendo medidas de distracción para alborotar a su base, como la anunciada la semana pasada por los senadores federales republicanos David Vitter y Rand Paul, de Lousiana y Kentucky, respectivamente, para enmendar el lenguaje de la Enmienda 14 de la Constitución y negar la ciudadanía estadounidense automática a bebés nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados.
Todavía peor aún, en vez de fomentar una discusión racional, los líderes republicanos en Washington y a nivel nacional son cómplices por su silencio permitiendo que estas voces irracionales sigan controlando su mensaje migratorio y representando la imagen de su partido.
Unos son cómplices del statu quo por su silencio y en el otro bando otros son cómplices por su inacción y al final, seguimos en las mismas.
