La reforma migratoria y sus protagonistas

WASHINGTON, D.C. – Cuando se habla en abstracto de los indocumentados, los que algunos llaman con desprecio “ilegales”, no se piensa en que esos “invisibles” están presentes a cada momento de nuestro día: en la comida que nos llevamos a la boca que pizcaron o procesaron sus manos, quienes cocinan o nos sirven en restaurantes, cuidan a nuestros niños, limpian las oficinas donde trabajamos, son dueños de negocios que auspiciamos, o son nuestros vecinos, amigos, familiares, y así podríamos ofrecer una inmensa lista de posibilidades.
Como sólo en el mundo del alguacil Joe Arpaio los indocumentados se identifican con sólo mirarlos, la realidad es que todos estamos mezclados en esta sopa. No me gusta cuando se dice que la reforma migratoria los “sacará de las sombras” porque parece que fueran criminales y no están en las sombras sino a la vista de todos, aunque algunos no quieran mirarlos o reconocer su existencia, y aunque ellos tengan que vivir en diaria incertidumbre.
Se ha repetido hasta el cansancio que la reforma migratoria está por venir y ya parece el cuento del lobo diciendo que ahí viene, y no pasa nada. Pero nuestro papel consiste en seguir presionando para que sí ocurra algo.
El último debate migratorio fue en 2007 y desde entonces muchas cosas han pasado. Durante las próximas semanas publicaremos una serie de artículos sobre los protagonistas de esta novela de la vida real para explicar quiénes son, qué cambios han experimentando respecto al fracasado intento previo de reforma, y qué cambios se han dado en su interacción.
Los protagonistas centrales, claro está, son los indocumentados, que todavía no han visto un “final feliz” a su situación. Pero la lista de personajes es larga como diversos son los grupos de interés inmersos en el asunto, una de las razones para que se haga tan complicado arribar a un acuerdo.
Dentro del grupo de los indocumentados hay una variedad de situaciones y dos de las más dolorosas son la de los jovencitos que fueron traídos a este país cuando eran niños, los llamados “soñadores”, y la de los trabajadores agrícolas que siguen enfrentando una de las situaciones más precarias entre la población laboral de este país. Sin embargo, además tenemos a los sectores religioso, empresarial, sindical, las autoridades policiales, los activistas pro inmigrantes, los grupos anti inmigrantes, el Congreso con sus divisiones partidistas y sus intereses creados, y una Casa Blanca que aunque apoye una reforma y pertenezca al mismo partido que controla el Congreso, depende en gran medida de ese Congreso dividido para avanzar su agenda.
Ahora, de hecho, la batalla por la reforma de salud ha detenido la discusión de la reforma migratoria, mientras la crisis de los indocumentados persiste.
Dada la polémica generada por el programa 287(g), que permite a los policías locales y estatales actuar como agentes migratorios, dedicaremos el primer artículo al sector policial y cómo esta vez, contrario a años previos, son cada vez más los jefes policiales los que abogan por una reforma migratoria que coloque la responsabilidad de aplicar las leyes migratorias donde debe estar: sobre el gobierno federal.
Primera Parte
Con la autoridad de nuestro lado
WASHINGTON, D.C. – “Los estadounidenses quieren una solución a nuestro dilema migratorio… Pero la solución no es convertir a cada departamento de policía local en una extensión del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)”.
Esto no lo dijo un activista pro reforma migratoria. Lo dijo el ex jefe de la Policía de Los Ángeles, William J. Bratton, la semana pasada en un editorial del diario Los Angeles Times.
Bratton no está solo. En el transcurso de este año han sido varios los reportes y los eventos en los cuales autoridades policiales se han convertido en aliados de quienes abogan por la reforma migratoria. Las razones son obvias: en vez de concentrarse en labores policiales para garantizar la seguridad de las comunidades con las cuales deben establecer una relación de confianza para poder protegerlas, decenas de departamentos de policía están destinando agentes y tiempo a funciones migratorias.
Ron Miller, jefe de Policía de Topeka, Kansas, lo resumió así: “No podemos proteger a una comunidad que no nos habla. Necesitamos trabajar juntos como nación para abordar la reforma migratoria”.
J. Thomas Manger, jefe de Policía del condado de Montgomery, en Maryland, enumeró las consecuencias de que la comunidad inmigrante sienta temor de las autoridades:
“Un aumento en la cifra de crímenes no reportados, víctimas y testigos renuentes (a reportar lo que saben), y que los inmigrantes se conviertan en blanco favorito de los criminales porque saben que esos inmigrantes no llamarán a la policía”.
La Police Foundation presentó este año un reporte que detalla cómo destinar policías a labores migratorias es contraproducente porque desvía escasos recursos, aumenta la posibilidad de demandas, y genera desconfianza en la misma comunidad que pretende protegerse.
Art Venegas, ex jefe de la policía de Sacramento y director del proyecto Law Enforcement Engagement Initiative (LEEI), lamentó que la atención nacional se centre en figuras como el alguacil Joe Arpaio en Arizona y sus cuestionables tácticas de aplicación del programa 287(g), que permite a policías locales fungir como agentes migratorios, cuando hay policías a través del país que están solicitándole al Congreso y a la actual administración del presidente Barack Obama, que avancen una reforma migratoria amplia.
“Hay jefes de policía y alguaciles que no están haciendo lo que hace Arpaio. Son la mayoría silenciosa”, declaró Venegas a America’s Voice.
La administración republicana de George W. Bush interpretó las derrotas de planes de reforma migratoria en el Congreso en 2006 y 2007 como luz verde para intensificar las medidas policiales de todo tipo que demostraran “mano dura” contra los indocumentados, a pesar de que el ex presidente promovió la reforma migratoria. Aparte de muros físicos y virtuales, se recrudecieron las redadas aterrorizando a comunidades enteras, y también se intensificó la aplicación de un programa, el 287 (g), que en honor a la verdad, ve luz como parte de la nefasta reforma migratoria de 1996 que promulgó el presidente demócrata Bill Clinton.
Los resultados han sido terribles para la comunidad inmigrante y las minorías, sobre todo los latinos, porque el 287(g) resultó en el uso de perfiles raciales y excesos ilustrados a la perfección por Arpaio, investigado incluso por la división de derechos civiles del Departamento de Justicia.
Aunque más de 520 organizaciones defensoras de derechos civiles, humanos y de los inmigrantes le han solicitado a la administración de Barack Obama que cese la implementación del programa, la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue revisarlo para presuntamente garantizar que no se usen perfiles raciales ni se cometan excesos. A Arpaio, por ejemplo, no le renovaron la autoridad para aplicar el programa en las calles del condado de Maricopa, pero sí para que siga identificando indocumentados en las cárceles condales.
Empero, esta vez son los propios policías los que abogan por soluciones pragmáticas.
“El hecho de que muchos de estos programas hayan perjudicado la relación entre las comunidades y las agencias policiales locales, no parecía importar entonces. Pero esos policías locales y estatales están reclamando su territorio”, afirmó Lynn Tramonte, subdirectora de America’s Voice.
En el pasado, uno de los asuntos que frenó el avance de la reforma migratoria fue que sus opositores la presentaron como una opción entre el “imperio de la ley” o premiar a quienes han quebrantado la ley.
“Pero este creciente apoyo de los propios agentes del orden público demuestra que incluso desde el punto de vista de la propia policía la solución apropiada y realista es una reforma migratoria integral”, agregó Tramonte.
Y en la búsqueda de apoyo en el Congreso, los policías a favor de la reforma migratoria son un aliado convincente.
Venegas admite que para muchos policías alzar la voz en favor de la reforma no es sencillo pues algunos incluso han enfrentado represalias.
Pero cada vez hay más Venegas y Brattons en nuestro entorno.
Como indicó Rick Braziel, Jefe de Policía de Sacramento: “sin la reforma migratoria integral nuestras comunidades y nuestra nación están en riesgo”.