La salud no tiene nacionalidad

Retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares es una de las medidas “anticrisis” puestas en marcha por el Gobierno español. Según las estadísticas, 153.000 personas serán privadas de un Derecho Universal, el Derecho a la Salud.

Más de 1.700 profesionales sanitarios se han opuesto a esta iniciativa que atenta contra su ética profesional y personal. Algunas Comunidades Autónomas como Andalucía, País Vasco y Asturias se han negado a aplicar esta medida que destierra de la atención sanitaria normalizada a todos los inmigrantes en situación administrativa irregular.

Un ahorro de 500 millones de euros ha sido la excusa del Gobierno español para poner en marcha esta medida excluyente. Pretexto poco sólido puesto que las personas inmigrantes usan menos el sistema sanitario que la población autóctona. Un informe realizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) afirma que mientras los inmigrantes representan el 10% de la población española, sólo el 5% de los pacientes de atención primaria son extranjeros.

Desde Médicos del Mundo alertan de la falsa creencia de que los inmigrantes son responsables del colapso del sistema sanitario. Creencia desmentida gracias a un exhaustivo estudio realizado por médicos de Atención Primaria de Zaragoza. El personal sanitario comprobó que los inmigrantes adultos acudieron una media de 4,2 veces a consulta médica, mientras que los españoles realizaron 6,7 visitas en un periodo de un año.

A pesar de que las personas extranjeras consumen menos fármacos y visitan menos al médico, desde el pasado septiembre dejaron de tener libre acceso al Sistema de Salud Español. Según la nueva normativa los inmigrantes irregulares sólo tienen derecho a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años. Los inmigrantes con necesidades específicas, como enfermos crónicos, han perdido su derecho a ser atendidos y medicados sin tener que pagar.

El Gobierno pretende que los inmigrantes irregulares firmen una póliza para recibir asistencia médica por 59 euros al mes, o 155 si tienen más de 65 años. Cifras que cierran el acceso al sistema sanitario a miles de personas; inmigrantes que sin un trabajo y en una situación precaria no pueden pagar dicha cantidad. Médicos del Mundo de Madrid ha creado un Servicio de Información, Acompañamiento, y Denuncia (SIAD) para ayudar y asesorar a todos aquellos inmigrantes que se han quedado sin acceso a su derecho a la salud.

Gracias a la implicación de voluntarios, diferentes ONG, y cientos de sanitarios que se han negado a acatar la medida del Gobierno, muchos casos de denegación de atención han conseguido resolverse. Isaac, enfermo de VIH, logró acceder a los antirretrovirales después de que un hospital de Zaragoza rechazará darle su tratamiento. La tarjeta sanitaria de Carolina, enferma de epilepsia, fue suspendida el pasado 31 de agosto, a pesar de necesitar revisiones periódicas y medicación diaria. A través de la mediación del SIAD Carolina continúa recibiendo atención médica.

Desde Médicos del Mundo alertan de que estos casos particulares no son suficientes. Centenares de personas continúan sin ser atendidas en las comunidades donde se aplica estrictamente la reforma sanitaria. Muchas de las personas que consiguen ser diagnosticados no pueden acceder a la medicación que necesitan debido a su elevado coste. Otros tantos no piden ayuda hasta que su estado de salud está tan deteriorado que pierden el miedo a reclamar sus derechos. La vulneración del derecho a la salud de las personas inmigrantes es una realidad en España.

La labor de asesoramiento, acompañamiento y mediación llevada a cabo por Médicos del Mundo, junto a otras entidades, está respaldada por un importante trabajo de denuncia pública y una constante lucha en el terreno político. Todo ello para evitar que se siga vulnerando el Derecho a la Salud. Un Derecho Universal para todos, independiente de la nacionalidad o la situación administrativa de cada persona. El supuesto ahorro de cientos de millones no justifica el desamparo de miles de vidas.

Irene Casado Sánchez
CCS

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