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Monumentos nacionales y comunidades locales

Aunque los monumentos nacionales, los cuales pueden establecerse bajo la autoridad de la Ley de Antigüedades, son a discreción de un Presidente, rara vez son creados sin la opinión o el apoyo de las comunidades locales.

Cuando el Presidente Obama estableció monumentos nacionales como los de Gabriel Mountains, Organ Mountains-Desert Peaks, Sand to Snow, Mojave Trails y Bears Ears no fue producto de un vacío ni de un capricho, fue el resultado de años de diversas coaliciones locales que se unieron para abogar por las protecciones. Fue una mayorías de ciudadanos preocupados que expresaban su apoyo. Esto implicó un sinnúmero de reuniones, cartas, viajes, difusión en los medios, reuniones y eventos.

Pero el 4 de diciembre, el presidente Trump desestimó estos esfuerzos cívicos con un plumazo que redujo el monumento nacional de Utah, Bears Ears en 85 por ciento y el monumento nacional Grand Staircase-Escalante a la mitad. Esto es algo que no ha sucedido en más de un siglo – nunca en esta magnitud – y lo hizo sin escuchar a nuestras comunidades locales.

Bears Ears es cuna de miles de sitios sagrados nativos americanos culturales y áreas de importancia espiritual. En el llamado a la protección de la zona, cinco tribus – Navajo, Hopi, Ute, Ute Mountain y Zuni – formaron una coalición con el apoyo de 30 tribus adicionales para defender la integridad continuada del monumento. Estos líderes tribales se unieron a otras numerosas coaliciones incluyendo negocios, veteranos, latinos, líderes de fe y así sucesivamente. Incluso la junta editorial de Salt Lake Tribune está cuestionando por qué el presidente Trump está reduciendo los monumentos.

Esta decisión también va en contra de las preocupaciones del público en general. En total, al menos 2,8 millones de comentarios se presentaron con más de 99 por ciento en apoyo de no cerrar o reducir el tamaño de los monumentos nacionales en todo el país, durante el período de comentarios públicos del Departamento de Interior. Nuestra campaña Latinos for Heritage, que promovió la conexión de los monumentos nacionales a nuestro patrimonio cultural, generó una de las mayores contribuciones de apoyo de la comunidad latina sobre un tema de conservación. La encuesta de conservación de 2017 de Colorado College mostró que el 80 por ciento de los votantes respalda el mantenimiento de los monumentos nacionales en su lugar, mientras que sólo el 13 por ciento apoya la revocación.

La decisión del Presidente de Trump no tiene en cuenta lo que la mayoría del público quiere. Por desgracia, esta decisión deja de lado la economía también.

Un nuevo informe de Headwaters Economics reveló que las economías locales que rodean la totalidad de los 17 monumentos nacionales estudiados crecieron tras su creación. Además, las tendencias de los indicadores económicos importantes -población, empleo, ingreso personal y el ingreso per cápita- también aumentaron después de la creación de los monumentos.
Además, la industria de las Actividades al Aire Libre informa que recreación al aire libre tan solo en Utah genera $ 12.3 mil millones en el gasto de los consumidores cada año, apoyando 110.000 puestos de trabajo directos, $ 3.9 mil millones en salarios en el estado, y $ 737 millones en ingresos por impuestos estatales y locales. Es también responsable de más del doble del número de puestos de trabajo que los existentes en minería y energía combinados en el estado. Esta tendencia no se limita a Utah – sucede así en todo el país.

Estos hechos subrayan lo preocupante y desalentador que es este asalto a las tierras públicas si tenemos en cuenta que se espera que el presidente de Trump haga anuncios similares con respecto a otros monumentos nacionales. Tanto si los disminuye en tamaño o los abre a actividades comerciales como la minería y la explotación forestal, la mayoría pierde.

La reducción de nuestros monumentos nacionales por parte del Presidente Trump no es lo que la mayoría del público quiere, no es lo que quieren las comunidades locales y no tiene sentido económico. Por no mencionar que amenaza el patrimonio cultural y natural de nuestro país.

Tenemos la responsabilidad de proteger estos lugares especiales. Su impacto se siente en nuestros bolsillos, en nuestra identidad cultural, en la historia de nuestra nación, en nuestro entorno y en el legado que dejamos a nuestros hijos y nietos. Esto no es una hipérbole, es nuestra obligación moral.

(English version)

While national monuments, which can be established under the authority of the Antiquities Act, are at the discretion of a sitting President, rarely are they created without the input or support from local communities.

When President Obama established national monuments like San Gabriel Mountains, Organ Mountains-Desert Peaks, Sand to Snow, Mojave Trails and Bears Ears, it wasn’t done in a vacuum or on a whim, it was the result of years of diverse local coalitions coming together to advocate for protections. It was majorities of concerned citizens voicing their support. And it entailed countless meetings, letters, trips, media outreach, rallies and events.

But on December 4, President Trump dismissed these civic efforts with a stroke of the pen that reduces Utah’s Bears Ears National Monument by 85 percent and Grand Staircase-Escalante National Monument by half. This is something that hasn’t happened in over a century – never in this magnitude — and he did so without listening to our local communities.

Bears Ears is home to thousands of sacred Native American cultural sites and areas of spiritual significance. In calling for the area’s protection, five tribes – Navajo, Hopi, Ute, Ute Mountain and Zuni – formed a coalition with the support of an additional 30 tribes to advocate for the continued integrity of monument. These tribal leaders were joined by numerous other coalitions including businesses, veterans, Latinos, faith leaders and so on. Even the Salt Lake Tribune editorial board is questioning why President Trump is shrinking its monuments.

This decision also runs counter to concerns of the public at large. In total, at least 2.8 million comments were submitted with more than 99 percent in support of not closing or reducing the size of national monuments throughout the country during the Department of Interior’s public commenting period. Our campaign Latinos for Heritage, which promoted the connection of national monuments to our cultural heritage, generated one of the largest outpourings of support from the Latino community on a conservation issue. The 2017 Colorado College conservation poll showed that 80 percent of voters back keeping national monuments in place, while only 13 percent support revoking them.

President Trump’s decision disregards what the majority of the public wants. Unfortunately, this decision neglects economics too.

A new report from Headwaters Economics found that the local economies surrounding all 17 of the national monuments studied grew following the creation of the national monuments. Additionally, trends in important economic indicators—population, employment, personal income, and per-capita income—also increased after creation of the monuments. Additionally, the Outdoor Industry reports that outdoor recreation in Utah only generates $12.3 billion in consumer spending annually, supporting 110,000 direct jobs, $3.9 billion in wages in the state, and $737 million in state and local tax revenue. It also accounts for more than double the number of jobs as mining and energy combined in the state. This trend isn’t confined to Utah – it’s like this all over the country.

These facts underscore how troubling and disheartening this assault on public lands is when you consider that President Trump is expected to make similar announcements regarding other national monuments. Whether it’s shrinking them in size or opening them up to commercial activities like mining and logging, the majority loses.

President Trump’s shrinking of our national monuments isn’t what the majority of the public wants, it’s not what the local communities want and it doesn’t make economic sense. Not to mention that it threatens our nation’s cultural and outdoor heritage.

We have a responsibility to protect these special places. Its impact is felt in our wallets, in our cultural identity, in our nation’s story, in our environment and in the legacy we leave for our children and grandchildren. This isn’t hyperbole, it’s our moral obligation.