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Publicado el 01-31-2011

El desastre de 2011

Rafael Prieto Zartha

Tal como se anticipaba, el torrente de propuestas legislativas contra los inmigrantes indocumentados se ha desgajado con un caudal formidable en los albores de este 2011.

No había concluido enero, apenas se acababan de inaugurar las sesiones en los senados y las cámaras de representantes de los estados del país, y ya las estadísticas de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL) señalaban que se habían presentado más de 600 resoluciones y medidas antiinmigrantes.

En Carolina del Norte, el representante estatal republicano, George Cleveland, introdujo un proyecto de ley que vedaría el ingreso de estudiantes indocumentados a los colegios comunitarios y las universidades del estado.

En Arizona, el senador estatal republicano, Ron Gould, y su copartidario, el representante estatal, John Kavanagh, están impulsando legislación encaminada a negarle la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.

En Carolina del Sur, Colorado, Dakota del Sur, Georgia, Kentucky, Misisipi y Tenesí, se introdujeron propuestas de ley similares a la SB 1070 de Arizona, que criminaliza a los indocumentados.

Se prevé que en más de 14 estados se siga el ejemplo de Arizona con el tema de desconocerle la nacionalidad a los hijos de indocumentados y que las copias de la SB 1070 se extiendan para discusión en más de 18 legislaturas estatales.

El entusiasmo de los antiinmigrantes con la tendencia es tal que la organización Americanos por la Inmigración Legal, ALIPAC, con sede en Raleigh, Carolina del Norte, lanzó la campaña denominada Batalla de los Estados 2011, para cooperar con la aprobación de medidas que motiven al éxodo masivo de los indocumentados.

Los datos recopilados por ALIPAC indican que ya se han presentado medidas estatales en contra de los “ilegales” en: Arkansas, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Maryland, Misisipi, Montana, Nebraska, New Hampshire, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Tenesí, Texas, Virginia, Virginia Occidental, Washington, y Wyoming.

Durante 2010 se presentaron más de 1,400 proyectos de ley y resoluciones estatales en contra de los inmigrantes con el resultado de 208 leyes aprobadas y 138 resoluciones adoptadas. Diez propuestas adicionales fueron vetadas.

Para entender la extensión del ambiente antiinmigrante a lo largo y ancho del país se debe tener en cuenta que las medidas fueron aprobadas en 46 estados y el Distrito de Columbia.

En 2010, en 21 estados se adoptaron 26 medidas legislativas para impedir que los indocumentados pudieran obtener licencias de conducir u otro tipo de identificación. En 11 estados se pasaron 17 leyes para restringir el acceso de los inmigrantes a la educación superior u otros servicios educativos. En 20 estados se aprobaron 27 leyes para impedir que los indocumentados lograran empleo u otros beneficios relacionados con el trabajo.

Pero no sólo la hiel está saliendo de los organismos estatales, en el Capitolio, en Washington, los senadores republicanos Rand Paul, de Kentucky, y David Vitter, de Luisiana, presentaron una resolución que plantea cercenarle la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en territorio estadounidense.

También en el Capitolio, pero en la Cámara de Representantes, el congresista republicano de Texas, Lamar Smith, quien preside el Comité Judicial, propuso como solución al desempleo deportar a los indocumentados y lanzar una cacería implacable en los sitios donde trabajan los inmigrantes.

Smith espetó la perla un día después de que el presidente Barack Obama abogó por la legalización de los estudiantes indocumentados y solucionar el problema migratorio con una reforma integral, durante su discurso sobre el estado de la Unión.

Creo que está en manos del exgobernador de la Florida, Jeb Bush, y del liderazgo tolerante republicano, bajarle el tono a la corriente antiinmigrante que está dominando a ese partido. Un político republicano como él tendría que convertirse en el abanderado de legalizar a los 11 millones de indocumentados.

Recientemente, durante un evento de la organización no partidista Coalición Latinoamericana de Charlotte, Jess George, su directora ejecutiva, hizo un vehemente llamado a la “sensatez” en el debate que vive el país sobre el tema migratorio. Sensatez es lo que falta en este trágico 2011.