Washington, D.C. – Varios reportes de prensa indican que hoy el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reautorizará su acuerdo 287(g) con el controversial Alguacil Joe Arpaio, del condado de Maricopa en Arizona, permitiendo que sus agentes sigan aplicando el programa en las cárceles. El 287(g) permite que policías locales apliquen las leyes migratorias.
Por años Arpaio ha aterrorizado a vecindarios latinos con sus vergonzosas tácticas. Sus excesos han resultado en 3,500 demandas en su contra y una investigación por parte de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, mientras miles de órdenes de arresto por delitos serios se siguen acumulando en el condado en tanto el alguacil se concentra en “otras prioridades”.
“Entrar en cualquier tipo de acuerdo con el Bull Connor de nuestra generación legitimiza a un policía incontrolable dedicado a aterrorizar a los inmigrantes latinos”, indicó Frank Sharry, director ejecutivo y fundador de America’s Voice. “A Arpaio hay que frenarlo, no reautorizarle acuerdos”, agregó Sharry. (Bull Connor fue un funcionario que pasó a simbolizar la intolerancia racial durante el movimiento de derechos civiles en EEUU).
Todo se produce en el marco de una alarmante revelación: Arpaio justifica sus controversiales tácticas en un inexacto análisis legal formulado por un grupo que promueve el odio racial.
Durante una reciente conferencia de prensa, Arpaio distribuyó un documento que pretendía sustentar la legalidad de sus operativos en vecindarios latinos. Cuando la prensa trató de determinar la fuente del análisis, Arpaio dijo que provenía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell. Pero según un reporte del Arizona Republic, el profesor de Cornell, Stephen Yale-Loehr, declaró que “el estatuto específicamente citado no existe” y que lo citado por Arpaio “es una interpretación por demás simplista de un área muy complicada de la ley”. El artículo del Arizona Republic indica que la interpretación legal no provino de la Facultad de Leyes de Cornell sino de la Federación por una Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR), un grupo militante anti inmigrante designado por el Southern Poverty Law Center (SPLC) como una organización que promueve el odio racial.
Aunque el DHS presuntamente pondrá fin a la autoridad de Arpaio de conducir los operativos en vecindarios deteniendo personas que no son criminales, el alguacil ha prometido continuar con sus “redadas de supresión del crimen” conducidas por su cuadrilla. De hecho, en un obvio intento de desafiar las restricciones del DHS, Arpaio promete conducir hoy otro de sus operativos. En el transcurso de los mismos, Arpaio y su cuadrilla detienen a latinos bajo acusaciones de violaciones de tránsito, reales e imaginarias, para arrestarlos y entregarle a la Oficina de Inmigración y Controles Aduanales (ICE) a quienes no tengan documentos para su posterior deportación. Arpaio asegura que le entregará los indocumentados a ICE y que si la agencia no los acepta, él mismo los llevará hasta la frontera para sacarlos del país.
Durante la administración Bush, el alguacil Arpaio tuvo la libertad de explotar el programa 287(g) y conducir un reinado de terror en las comunidades inmigrantes. Esto ha hecho que numerosos líderes policiacos, organizaciones como la Police Foundation, y asistentes a la reciente cumbre del Police Executive Research Forum hayan hecho un llamado para una significativa reforma del programa para impedir las violaciones de derechos y aplicar las leyes de manera efectiva.
“La capacidad de las agencias del orden público de reducir la criminalidad se afecta cuando grandes segmentos de la población temen y desconfían de las autoridades. Arpaio, basándose en los consejos legales de una organización anti inmigrante extremista, ha desvirtuado este principio fundamental de la vigilancia comunitaria. En el mundo de Arpaio, los latinos, las mismas personas que pueden colaborar con las autoridades para identificar a verdaderos criminales, se convierten en blanco de sus tácticas. Esperemos que el Departamento de Justicia intervenga y haga lo que el DHS no ha hecho para ponerle punto final a este reino de terror”, concluyó Sharry.
