WASHINGTON, D.C. – El proyecto de reforma sanitaria elaborado por el Comité de Finanzas del Senado que será sometido a votación esta semana, contiene, lamentablemente, lo que se prometió: prohíbe a los indocumentados comprar con su propio dinero pólizas de seguro médico en el llamado intercambio, y no levanta la restricción de cinco años para que los inmigrantes legales tengan acceso a beneficios públicos como Medicaid.
Pero un reporte del Instituto de Política Migratoria (MPI) concluye que si se mantiene la prohibición de los cinco años, millones de inmigrantes legales permanecerán sin cobertura médica y de todos modos supondrían costos al erario público y a personas aseguradas porque seguirán acudiendo a salas de emergencia donde el costo de tratamiento es mayor.
“El alcance y el éxito de la reforma de salud, sin embargo, se verán afectados sustancialmente por las decisiones de los legisladores en torno a la elegibilidad de los inmigrantes legales a los beneficios de salud y las formas en que aborden la elegibilidad de los inmigrantes no autorizados”, dice el reporte.
Esto se debe a que los inmigrantes legales, y los indocumentados, que no tienen seguro médico seguirían accesando cuidados médicos a través de las salas de emergencia, que es lo más costoso, y ello a su vez contribuirá al alza en los costos de salud en general.
Según el estudio, hay 3.1 millones de residentes legales con ingresos por debajo del 150% del umbral federal de pobreza y otros 4.1 millones con ingresos entre el 150% y el 400% del umbral federal de pobreza. De ellos, 3.4 millones no tienen seguro médico.
“La exclusión de inmigrantes legales de reciente ingreso –así como de indocumentados- de la reforma de salud dejará grandes poblaciones dependiendo de salas de emergencia, centros de salud comunitarios y otras dependencias de cuidado público, y desalentará la detección temprana y el tratamiento de condiciones crónicas. Por lo tanto, algunos de los ahorros a corto plazo obtenidos al excluir a algunos inmigrantes de la reforma de salud, se perderán porque los gastos serán trasladados a proveedores estatales y locales”, señala el estudio.
En medio del debate de la reforma sanitaria hubo momentos alentadores con la derrota de varias enmiendas republicanas que pretendían restringir todavía más el acceso de inmigrantes legales a los beneficios de salud.
Los senadores demócratas Bob Menéndez y Jeff Bingaman, de New Jersey y New Mexico respectivamente, encabezaron los esfuerzos que impidieron el avance de algunas de las enmiendas más onerosas, incluyendo una que exigía que los inmigrantes legales esperaran cinco años antes de ser elegibles para los subsidios federales que los ayudarían a comprar seguro médico en el intercambio.
Pero es sólo el inicio del proceso toda vez que la medida deberá “mezclarse” con la versión del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones y pasar al pleno del Senado, posiblemente la semana entrante.
La Cámara Baja también deberá considerar un plan y hay tres comités trabajando en sus respectivas versiones. Es decir, que resta mucho tiempo para más fuegos artificiales.
Lo positivo, según apunta Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, es que los demócratas del panel demostraron que todavía tienen algo de “espinazo” tras semanas de capitular a presiones republicanas y terminar agregando lenguaje más restrictivo a un plan que nunca incluyó a los indocumentados.
Veremos si el espinazo se sostiene en lo que resta del debate de salud y posteriormente en el debate de la reforma migratoria.
