Washington, D.C. – Mientras un mar de rostros marchaba el sábado por las calles de Phoenix, Arizona, en contra de la SB 1070, pensé en todas las señales que apuntaban a lo que allí se vive y cómo el gobierno federal y el Congreso sólo observaron en tanto el volcán estaba a punto de hacer erupción.
A las pruebas me remito. Mientras el alguacil Joe Arpaio aplicaba el programa 287(g) con estilo muy “peculiar” en el condado de Maricopa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió renovárselo, aunque modificado. Las pesquisas sobre los excesos de Arpaio continúan y seguimos aguardando por algún tipo de intervención federal en ese frente.
La renovación de la 287(g) a Arpaio envalentonó a quienes avanzaron la medida que se convirtió en la ley SB 1070, con sus posteriores cambios cosméticos que según los promotores garantizan que no se aplicará de forma discriminatoria, aunque los potenciales afectados opinen lo contrario.
Ahora se ven las consecuencias de la inacción federal y ahora se analizan “remedios”. Después de muerto el niño, quieren tapar el hoyo.
El sábado conversé en Phoenix con varios hispanos de diversa situación migratoria y un denominador común expresado fue la tensión en la que viven pensando que la ley los pone en riesgo de ser detenidos por cualquier razón, aunque sean ciudadanos o residentes legales.
“Está muy difícil vivir así porque uno no haya ni qué hacer. Uno nomás va por la calle o en su trabajo mirando a ver qué… No confío en nadie. Uno ahorita está aquí y mañana quién sabe”, indicó una hispana, residente legal, que lleva 15 años viviendo en Phoenix.
“Uno nomás por ser hispano ya lo quieren parar. Ese es mi temor. Tengo papeles, gracias a Dios. Soy residente legal, pero como están ahorita las cosas, quién sabe”, afirmó otra.
Todavía la ley no entra en vigor, pero ya se siente. Hay que evitar su implementación, dijeron, aunque sea mediante un boicot que algunos describieron como un ‘mal necesario’.
Un taxista peruano señaló que aunque la economía en Arizona ya está “mala” y un boicot la agravaría, quizá sea la única forma de frenar que la ley entre en vigor el 29 de julio. El apoyo a la SB 1070, dijo, es más bien un llamado a que el gobierno federal haga algo.
Otro hispano que recientemente perdió su empleo y el sábado vendía botellas de agua durante la marcha, afirmó que no quiere ni a la SB 1070 ni el boicot.
“La solución sería la reforma migratoria”, afirmó.
Pero esa requeriría sentido común y valentía política y en Washington hay un déficit de ambos, particularmente en año electoral. Más bien con su inacción el gobierno federal le ha dado alas a muchos alacranes que escudados en el argumento de la seguridad albergan otras agendas. A ver ahora cómo se las corta.
