El 11 de mayo marcará el final de la declaración federal de emergencia de salud pública por el COVID-19, lo que traerá consigo cambios en la atención médica y en los beneficios para el público.
“Muchas personas en EE. UU. no sentirán ninguna diferencia inmediata cuando la emergencia de salud pública llegue a su fin”, nos dijo Anne Sosin, becaria de política que estudia equidad en salud rural en el Centro Nelson A. Rockefeller en Dartmouth. “Las diferencias comenzarán a notarse con el tiempo y se sentirán de modo diferente según la persona”.
Estas diferencias incluyen cambios en el costo de las pruebas de detección y los tratamientos contra el COVID-19 y, potencialmente, el fin del acceso a vacunas gratuitas contra el COVID-19 para las personas que no tienen seguro médico. También habrá cambios en los beneficios de nutrición.
El mayor cambio originalmente ligado a la designación de emergencia ya entró en vigencia. La emergencia de salud pública permitió a los estados mantener a millones de personas en Medicaid, independientemente de su elegibilidad, a cambio de asistencia federal adicional. Pero este requisito de cobertura continua se acabó el 31 de marzo, nos dijo Jennifer Kates, vicepresidenta sénior y directora de salud global y políticas de VIH de la KFF.
“La emergencia de salud pública se termina para todos”, pero afecta a algunas personas en particular, nos dijo Sara Bleich, profesora de políticas de salud pública en la Facultad de Salud Pública T. H. Chan de Harvard.
Esta emergencia de salud pública es solo una de las cinco declaraciones de emergencia federales relacionadas con la pandemia, dos de las cuales continuarán después del 11 de mayo. El 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud también puso fin a la emergencia de salud pública de importancia internacional.
Los impactos del COVID-19 continuarán después del 11 de mayo, por supuesto.
“No significa que el COVID se acabó,” dijo Kates. “Solo significa que realmente hemos entrado en otra fase de convivir con el COVID en el país”.
¿Por qué la emergencia de salud pública termina ahora?
El gobierno federal de EE. UU. tiene la autoridad para declarar varios tipos de emergencias, que le dan flexibilidad para desviarse de los procedimientos estándar a fin de proteger mejor al público.
La emergencia de salud pública comenzó en enero de 2020 y luego fue renovada cada 90 días por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). El 30 de enero, el gobierno de Biden anunció que dejaría que la declaración de emergencia expirará el 11 de mayo, siguiendo la presión impuesta para terminar la emergencia con la ley del final de la pandemia (Pandemic is Over Act, en inglés) introducida en enero.
“El final de la emergencia de salud pública es tanto una decisión política como de salud pública”, dijo Sosin, coautor de un artículo de opinión sobre el tema en la revista BMJ. “Claramente, EE. UU. está en un lugar distinto al cual estaba en la primavera de 2020. (…) Dicho eso, el COVID se ha establecido como una de las principales causas de muerte, incluso a niveles mucho más bajos que en el pasado”.
El fin de la emergencia de salud pública no es final definitivo de políticas relacionadas con la pandemia. Algunas, tales como la prohibición de desalojo o el crédito tributario por hijos, terminaron hace un buen tiempo atrás. Otras, incluyendo algunos cambios a la cobertura de telesalud y el acceso ampliado a vacunas gratuitas, son más permanentes.
Otras cuatro declaraciones de emergencia también se realizaron a principios de 2020:
- Una declaración bajo la Ley Stafford, la cual le permitió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) proporcionar fondos para proyectos de emergencia y necesidades individuales, tal como los pagos complementarios por pérdida de salarios, también terminará el 11 de mayo (La asistencia funeraria de FEMA continuará hasta 2025).
- La emergencia nacional del COVID-19, que comenzó en marzo de 2020 y es distinta a la emergencia de salud pública, ya terminó el 10 de abril, pero pocos beneficios ligados a ella permanecían activos, según dijo Kates.
- Una declaración que permite a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) otorgar y mantener autorizaciones de uso de emergencia para medidas para combatir el COVID-19 no tiene fecha de término establecida. Esto significa que los tratamientos y vacunas autorizadas, como el Paxlovid y las vacunas bivalentes de Moderna y de Pfizer/BioNTech, pueden seguir siendo utilizadas.
- Una declaración bajo la Ley PREP (preparación pública y preparación para emergencias) que confiere inmunidad de responsabilidad a varios proveedores de atención médica, y a fabricantes y distribuidores de vacunas, pruebas y tratamientos, será modificada y extendida hasta diciembre de 2024.
¿Cómo afectará esto a las pruebas de detección del COVID-19?
Los costos de las pruebas de detección del COVID-19 para las personas subirá, lo que la KFF identificó como el “impacto de mayor alcance” producido directamente por el fin de la emergencia de salud pública.
Las personas en Medicaid aún podrán obtener pruebas gratuitas de detección para hacerse en la casa u ordenadas por un proveedor de atención médica hasta septiembre de 2024, antes de enfrentar posibles costos. Sin embargo, el requisito de que los proveedores de seguros cubran ocho pruebas caseras por mes se acabará para la mayoría de las personas el 11 de mayo. Los aseguradores privados y los planes de Medicare Advantage podrán decidir si seguir ofreciendo esta cobertura, mientras que el Medicare original ya no ofrecerá pruebas gratuitas
Las pruebas ordenadas por proveedores de atención médica también serán más caras para las personas. A partir del 11 de mayo, los aseguradores privados y los planes de Medicare Advantage podrán cobrar a los pacientes por estas pruebas y las visitas relacionadas, siguiendo las reglas normales de su plan de atención médica. Las personas en el Medicare original aún podrán recibir pruebas ordenadas por sus proveedores gratuitamente, pero es posible que tengan que pagar por las visitas asociadas con las pruebas.
Los programas en los dieciocho estados que optaron por brindar pruebas gratuitas para el COVID-19 a las personas sin seguro médico a través de Medicaid también llegan a su fin.
Otros programas gubernamentales que ofrecen pruebas gratuitas continuarán, si reciben fondos y suministros, incluyendo un programa de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para personas sin seguro y otras personas en condiciones desfavorables. HHS también dice que el gobierno “puede continuar” con su popular programa de pruebas gratuitas por correo, dependiendo de la disponibilidad.
¿Qué efecto tendrá en las vacunas y los tratamientos contra el COVID-19?
El fin de la emergencia de salud pública no cambiará inmediatamente la disponibilidad o el costo de las vacunas contra el COVID-19 o los tratamientos antivirales orales. Esto se debe a que la emergencia de salud pública constituye solo una de las múltiples leyes y políticas que hacen que las vacunas y algunos tratamientos sean gratuitos.
Actualmente, las vacunas contra el COVID-19 y los medicamentos antivirales orales, como el Paxlovid, provienen de los suministros del gobierno federal. Estas dosis deben ser ofrecidas sin costo, independientemente de que haya una emergencia de salud pública.
Sin embargo, se espera que el suministro de vacunas del gobierno solo dure hasta el verano o comienzos del otoño, dijo Kates, dependiendo de la demanda. También es posible que haya una nueva versión de la vacuna contra el COVID-19, comentó, y estas se proporcionarán comercialmente en lugar de a través de compras del gobierno.
Incluso después de que las dosis de vacunas del gobierno se agoten, la mayoría de las personas con seguro aún tendrán acceso a las vacunas recomendadas contra el COVID-19 de forma gratuita. Algunas leyes que exigen vacunas gratuitas para los beneficiarios de Medicaid y Medicare se promulgaron durante la pandemia, mientras que los requisitos para la cobertura gratuita de cualquier vacuna recomendada por proveedores dentro de la red ya estaban vigentes para las personas con seguro privado.
“Realmente, son las personas no aseguradas quienes se verán más perjudicadas porque no hay garantías permanentes,” dijo Kates.
Para llenar este vacío, el gobierno de Biden ha propuesto un programa de Vacunas para Adultos, similar al programa de Vacunas para Niños, el cual brinda vacunas gratuitas para niños cuyas familias no podrían financiarlas de otro modo. Sin embargo, el Congreso no ha estado dispuesto a promulgar este programa.
El 18 de abril, el gobierno anunció el programa de acceso puente (Bridge Access Program), el cual temporalmente proporcionará vacunas y tratamientos para las personas sin seguro. Esto depende en parte de la compra de vacunas y tratamientos por parte del gobierno, pero también de la disponibilidad de las compañías farmacéuticas a entregarlas en forma gratuita. “No es permanente y no está claro hasta dónde llegará”, dijo Kates.
El suministro federal de Paxlovid se agotará a comienzos del otoño, dijo Kates, y algunas personas con seguro privado o Medicare tendrán que pagar parte del costo, tal como sucede con otros medicamentos. Al igual que con las pruebas de detección del COVID-19, las personas en Medicaid seguirán teniendo acceso gratuito a medicamentos contra el COVID-19 hasta septiembre de 2024.
¿Tiene esto algún impacto en los mandatos de vacunación?
El gobierno de Biden anunció que levantará la mayoría de los mandatos federales de vacunación. Estos mandatos están terminando casi al mismo tiempo que la emergencia de salud pública, pero terminaron por una acción separada.
Los requisitos de vacunación para ciertas personas sin ciudadanía que llegan a EE. UU. por aire o tierra terminarán el 11 de mayo. Los mandatos para trabajadores de atención médica en instalaciones que tratan a pacientes con Medicare o Medicaid, también terminarán pronto, y se sabrán más detalles más adelante. El gobierno también anunció el fin de los requisitos de vacunación para el personal de Head Start y los trabajadores federales, aunque estos mandatos ya habían sido bloqueados por los tribunales.
Muchas universidades, ciudades y condados también están poniendo fin a sus mandatos de vacunación o los han terminado recientemente para estudiantes y trabajadores.
¿Qué efecto tendrá en la inscripción de Medicaid?
El Congreso aprobó la Ley Familias Primero en Respuesta al Coronavirus en marzo de 2020, que proporciona fondos adicionales para los estados durante la emergencia de salud pública para mantener a las personas inscritas continuamente en Medicaid, independientemente de su elegibilidad. En diciembre pasado, el Congreso aprobó la ley de asignaciones para el año fiscal 2023, la cual permitió a los estados a comenzar a retirar de Medicaid a las personas que ya no son elegibles, o que no cumplen con los requisitos de renovación, a partir del 1 de abril.
KFF estimó recientemente que entre 8 y 24 millones de personas podrían perder su cobertura de Medicaid. KFF asumió que 87,5 millones de personas estaban inscritas en Medicaid en marzo de 2023, y los datos federales muestran que en enero había cerca de 86 millones de inscritos.
“La cobertura de seguro en EE. UU. alcanzó un máximo durante la pandemia, y a medida que la expansión de Medicaid llegue a su fin, veremos un gran aumento en las personas insuficientemente aseguradas en EE. UU.,” dijo Sosin.
Algunas personas perderán cobertura porque están ganando más dinero y ya no son elegibles, explicó Kates. Otros pueden dejar de ser elegibles temporalmente, perder Medicaid, y luego volver a ser elegibles y reinscribirse (un proceso llamado churn, en inglés), que desapareció con la inscripción continua. Finalmente, algunas personas que son elegibles para Medicaid pueden ser eliminadas por error y otras no son capaces de demostrar su elegibilidad.
Algunas de estas personas pueden ser elegibles para otros programas, como el Programa de Seguro Médico para Niños o planes subsidiados a través del mercado establecido por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Sin embargo, es posible que no sepan que son elegibles o que no puedan obtener cobertura rápidamente a través de estos programas.
¿Qué otros cambios ocurrirán?
Algunos beneficios de nutrición que se ampliaron durante la pandemia también cambiarán, según escribieron recientemente Bleich, la experta de políticas públicas de Harvard, y sus colegas en JAMA Health Forum.
Algunos cambios, como el fin de beneficios temporales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para ciertos estudiantes universitarios en junio, serán impulsados directamente por el fin de la emergencia de salud pública. (Los beneficios de SNAP también son conocidos como cupones de alimento o food stamps, en inglés).
Un cambio importante ya ha entrado en vigor. Durante la pandemia, los hogares recipientes del programa de nutrición de SNAP también recibieron beneficios extra, conocidos como asignaciones de emergencia. Pero algunos estados dejaron de proporcionar fondos adicionales a partir de marzo de 2021 y el programa terminó en los 35 estados restantes en marzo de este año. Tras el fin de las asignaciones de emergencia, cada hogar recipiente de SNAP recibió, en promedio, $175 menos al mes.
Bleich agregó que una menor inscripción a Medicaid también significará que las personas pierdan beneficios de nutrición, ya que las personas suelen estar conectadas a los beneficios de nutrición a través de Medicaid. Y puede que el trabajo necesario para procesar los cambios a Medicaid y SNAP en las oficinas estatales signifique demoras.
Otros cambios afectarán a menos personas, pero tendrán grandes consecuencias para esos individuos. Por ejemplo, durante la emergencia de salud pública, los estados podían pagar cuidadores familiares para algunas personas en Medicaid. Mientras los estados pueden continuar con estos programas, algunos han dicho que los terminarán tras el final de la emergencia de salud pública.
El Título 42, que el expresidente Donald Trump invocó como una medida de salud pública a comienzos de la pandemia, también terminará el 11 de mayo. El Título 42 le permitía a los oficiales fronterizos expulsar inmediatamente a muchas personas que intentaban entrar a EE. UU. ilegalmente, y se espera que su fin aumente los cruces ilegales, como hemos escrito anteriormente.
Algunas otras políticas y cambios permitidos durante la emergencia de salud pública permanecerán. Por ejemplo, muchos cambios relacionados con la telesalud para personas en Medicaid y Medicare se han hecho permanentes o han sido extendidos hasta fines de 2024, dijo Kates. Cambios en las normas sobre límites de las dosis de metadona para llevar a casa y el acceso a sustancias controladas a través de telesalud también serán extendidas, con la intención de hacerlas permanentes eventualmente.
Muchos cambios no serán inmediatamente evidentes para el público, aunque podrían tener un impacto indirecto. Solo por nombrar un par de ejemplos, los hospitales ya no recibirán fondos extra de Medicare por tratar a pacientes hospitalizados con COVID-19 y un número de exenciones están terminando, como reglas relajadas sobre qué tipos de atención pueden brindar diferentes proveedores.
¿Cómo cambiará la recopilación de datos sobre el COVID-19 con esto?
La recolección de datos sobre el COVID-19, incluidos los recuentos de casos y fallecimientos, ya se han vuelto menos oportunos y confiables. El fin de la emergencia de salud pública podría dificultar esta recolección aún más.
Muchas jurisdicciones ya no tendrán que informar casos de COVID-19 o fallecimientos a los CDC, y HHS ya no podrá exigir que los laboratorios informen los resultados de pruebas de detección del COVID-19, incluidos los resultados negativos. Por supuesto, los datos sobre las pruebas ya se han vuelto menos exhaustivos, una vez que las personas comenzaron a confiar más en las pruebas caseras, dijo Kates. “Los datos de laboratorio no han captado completamente lo que está sucediendo por sí solos de todas formas, pero de todos modos siguen siendo importantes”, agregó.
En repuesta a estos y otros cambios, el 5 de mayo los CDC describieron su nueva estrategia de datos para el COVID-19. Para guiar la toma de decisiones de personas y comunidades, los CDC ya habían proporcionado niveles de COVID-19 por comunidad, basados en una combinación de datos sobre hospitalizaciones y casos. Ahora los CDC dicen que para entender las tendencias del COVID-19, las personas deben usar los niveles de ingreso a hospitales.
Sin embargo, tras el final de la emergencia de salud pública, los hospitales entregarán datos semanalmente, en lugar de diariamente. Los CDC dicen que también se apoyarán en los datos de admisiones al departamento de emergencias y resultados de las pruebas de laboratorio que puedan recolectar, como un indicador temprano de los cambios.
La agencia utilizará datos de certificados de defunción, en lugar de datos de los departamentos de salud para el seguimiento de muertes por COVID-19. Basados en la información del certificado de muerte provisional, los CDC informarán en un nuevo indicador semanal, el porcentaje de todos los fallecimientos asociados con el COVID-19.
Muchos acuerdos previos entre los CDC y distintas jurisdicciones sobre el informe de datos de vacunación también expirarán. Sin embargo, los CDC han renegociado acuerdos con la mayoría de ellos.
Otros cambios en la recolección de datos sobre el COVID-19 están en el horizonte.
Después del 30 de abril de 2024, los hospitales que participan en programas federales ya no estarán obligados a informar datos sobre cosas como las admisiones o fallecimientos por COVID-19. Los datos proporcionados por los hospitales ha sido un indicador crítico de la gravedad de la pandemia y de la presión en los sistemas de atención médica, dijo Kates.
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