¿Qué son las elecciones primarias? ¿Para que sirven? ¿Por qué son importantes? La activista Maria Beauchamp te lo explica
Por María Beauchamp
Para muchos miembros de nuestras comunidades hispanas e inmigrantes, este no es un momento político cualquiera. En todo el país, las familias viven con incertidumbre y temor respecto a la aplicación de las leyes de inmigración, el debido proceso, la privacidad, la discriminación y la creciente expansión del poder gubernamental. La gente se pregunta si ir al trabajo, enviar a sus hijos a la escuela, interactuar con las fuerzas del orden, participar en una protesta o simplemente ejercer sus derechos constitucionales podría exponerlos a ellos o a sus seres queridos a consecuencias que jamás imaginaron. En momentos como este, la participación cívica no puede limitarse únicamente a las elecciones presidenciales.
El 15 de septiembre de 2026, Delaware celebrará sus elecciones primarias para determinar qué candidatos representarán a sus partidos en noviembre. Si bien las contiendas presidenciales suelen acaparar la mayor atención, las elecciones estatales y locales a menudo deciden quién ostenta el poder gubernamental que más directamente afecta nuestras vidas; para nuestra comunidad, comprender ese poder es de vital importancia. Muchos latinos provienen de familias con experiencias diversas en su relación con el gobierno y la democracia: algunos han sufrido persecución política o corrupción, otros han visto cómo las instituciones fallaban en proteger derechos fundamentales, y muchos son votantes de primera generación que están aprendiendo a desenvolverse en el sistema electoral estadounidense, mientras que otros llevan generaciones considerando a Delaware su hogar. Cualquiera que sea nuestra historia, la lección de este momento es la misma: los derechos se fortalecen cuando la gente los comprende, los ejerce y exige a las instituciones que los protejan.
Uno de los cargos de mayor trascendencia que los votantes de Delaware considerarán este año es el de Fiscal General. Como máxima autoridad legal del estado, el Fiscal General dirige el Departamento de Justicia de Delaware; aunque el público suele asociar este cargo con el procesamiento de delitos, sus competencias son mucho más amplias y abarcan la protección del consumidor, el fraude, la seguridad pública, la justicia penal y la representación legal del estado de Delaware y sus agencias. Este cargo se sitúa, además, en un punto crítico de intersección entre el poder gubernamental y la libertad individual, algo de enorme importancia en la actualidad. Cuando el gobierno federal solicita información sobre los residentes de Delaware, ¿quién cuestiona si se debe proteger su privacidad? Cuando las prácticas de las fuerzas del orden plantean dudas constitucionales, ¿quién las examina? Cuando se explota a los trabajadores, se perjudica a los consumidores, los manifestantes ejercen sus derechos constitucionales o las comunidades vulnerables temen interactuar con el gobierno, ¿qué tipo de Fiscal General queremos que tome esas decisiones?
Estas son preguntas que todo votante debería plantearse y que, para la comunidad hispana, no son meramente teóricas. Estamos viviendo un contexto nacional en el que el estatus migratorio, el idioma, el origen étnico e incluso la información que el gobierno posee sobre las personas pueden acarrear profundas consecuencias para las familias. Muchas personas que no pueden votar vivirán, no obstante, las consecuencias de esta elección, lo que hace que el voto de cada ciudadano habilitado de nuestra comunidad cobre aún más importancia. Quienes podemos votar no lo hacemos solo por nosotros mismos; nuestras decisiones ayudan a configurar las instituciones con las que deben interactuar nuestros hijos, vecinos, compañeros de trabajo y familiares, incluidas aquellas personas que contribuyen a Delaware cada día pero que no pueden emitir su propio voto. Esa responsabilidad nos exige mirar más allá de los anuncios políticos, los nombres conocidos, las etiquetas partidistas y las promesas de campaña.
Al evaluar a los candidatos a Fiscal General, los votantes deben examinar su trayectoria en lugar de su retórica. ¿Entiende el candidato los derechos civiles y las libertades civiles no simplemente como terminología jurídica, sino como protecciones que deben defenderse incluso cuando hacerlo resulta difícil o políticamente inconveniente? ¿Han demostrado independencia, han trabajado con comunidades cuyos derechos corren peligro frecuentemente y han tratado el debido proceso, la igualdad de protección, la privacidad y el derecho a organizarse y protestar como principios aplicables incluso cuando el gobierno discrepa de las personas que los ejercen? Quizás la pregunta más importante que podemos plantearnos es cómo ha utilizado esa persona el poder que ya ostenta. Este criterio debe aplicarse por igual tanto a los aspirantes como a quienes ya ocupan el cargo: el servicio público nunca debe situar a nadie por encima del escrutinio. Si un candidato ha ejercido anteriormente una autoridad gubernamental, examine su historial; si alguien aspira a ella por primera vez, examine a quiénes ha defendido y si sus acciones coinciden con lo que ahora promete. El currículum nos indica dónde ha trabajado una persona y la campaña nos dice qué quiere que creamos, pero su trayectoria nos revela lo que realmente ha hecho.
Esta es la esencia de la participación cívica, y nuestra comunidad no puede permitirse participar únicamente cuando está en juego la presidencia. La figura del presidente es importante, pero también lo es el Fiscal General que ejerce el poder aquí en Delaware, así como nuestros legisladores, funcionarios locales y juntas escolares. Durante las elecciones primarias, cuando la participación suele ser mucho menor, cada votante que participa conlleva una responsabilidad aún mayor a la hora de determinar quiénes seguirán adelante. Para quienes tienen derecho a votar el 15 de septiembre, la tarea es clara: infórmense sobre el contenido de la boleta electoral, investiguen los cargos —no solo a los candidatos—, examinen las trayectorias en lugar de basarse en promesas de campaña y pregunten directamente a los candidatos cómo protegerán los derechos y libertades civiles, cómo responderán a los excesos de poder gubernamental y cómo tratarán a los inmigrantes, manifestantes, organizadores, trabajadores y comunidades que desafían a quienes ostentan el poder.
Luego, hablen sobre esta elección. Háblenlo en la mesa durante la cena y con sus vecinos. Compartan información con los familiares que pueden votar, ayuden a alguien a comprender el proceso de las elecciones primarias, elaboren un plan para votar y recuerden a los demás que su participación es importante. No todos en nuestra comunidad tienen el privilegio de emitir su voto; quienes sí lo tenemos debemos comprender el poder —y la responsabilidad— que ello conlleva.
El 15 de septiembre no es simplemente una fecha electoral más. En un momento en que se debaten en todo el país cuestiones fundamentales sobre la libertad, el poder gubernamental, la inmigración, los derechos civiles y las protecciones constitucionales, elegir a quiénes ejercerán el poder aquí, en nuestra propia comunidad, merece toda nuestra atención. Nuestra democracia no se decide únicamente en Washington; también se decide aquí, por nosotros.
La serie ELECCIONES 2026 es una campaña formativa e informativa traida por HOY en Delaware para que líderes locales expliquen a los lectores los fundamentos de nuestra democracia, así como compartir información relevante sobre la participación democrática y el voto.
Our rights are also on the ballot
What are primary elections? What is their purpose? Why are they important? Activist Maria Beauchamp explains
By María Beauchamp
For many in our Hispanic and immigrant communities, this is not an ordinary political moment. Across the country, families are living with uncertainty and fear about immigration enforcement, due process, privacy, discrimination, and the expanding use of government power. People are asking whether going to work, sending their children to school, interacting with law enforcement, participating in a protest, or simply exercising their constitutional rights could expose them or someone they love to consequences they never imagined. In moments like this, civic participation cannot begin and end with presidential elections.
On September 15, 2026, Delaware will hold its primary election, determining which candidates will represent their parties in November. Presidential races traditionally draw the most attention, but state and local elections often decide who holds the government power that touches our lives most directly, and for our community, understanding that power is especially important. Many Latinos come from families with different relationships to government and democracy: some have experienced political persecution or corruption, others have watched institutions fail to protect fundamental rights, and many are first-generation voters learning the American electoral system while others have called Delaware home for generations. Whatever our history, the lesson of this moment is the same: rights are strongest when people understand them, exercise them, and hold institutions accountable for protecting them.
One of the most consequential offices Delaware voters will consider this year is Attorney General. As the state’s chief legal officer, the Attorney General leads the Delaware Department of Justice, and while the public often associates the office with criminal prosecutions, its authority is far broader, touching consumer protection, fraud, public safety, criminal justice, and the legal representation of Delaware and its agencies. The office also sits at a critical intersection between government power and individual liberty, and that matters enormously right now. When the federal government seeks information about Delaware residents, who asks whether their privacy should be protected? When law enforcement practices raise constitutional concerns, who examines them? When workers are exploited, consumers are harmed, protesters exercise their constitutional rights, or vulnerable communities fear interacting with government, what kind of Attorney General do we want in that room?
These are questions every voter should be asking, and for the Hispanic community, they are not theoretical. We are witnessing a national environment in which immigration status, language, ethnicity, and even the information government holds about individuals can carry profound consequences for families. Many people who cannot vote will nevertheless live with the consequences of this election, which makes the vote of every eligible citizen in our community even more meaningful. Those of us who can vote are not voting only for ourselves; our decisions help shape the institutions that our children, neighbors, coworkers, and family members must interact with, including people who contribute to Delaware every day but cannot cast a ballot themselves. That responsibility requires us to look beyond political advertisements, familiar names, party labels, and campaign promises.
When evaluating candidates for Attorney General, voters should examine their records rather than their rhetoric. Does a candidate understand civil rights and civil liberties not simply as legal terminology, but as protections that must be defended when doing so is difficult or politically inconvenient? Have they demonstrated independence, worked with communities whose rights are frequently at risk, and treated due process, equal protection, privacy, and the right to organize and protest as principles that apply even when government disagrees with the people exercising them? Perhaps the most important question we can ask is how a person has used the power they already hold. That standard should apply equally to challengers and incumbents: public service should never place someone beyond scrutiny. If a candidate has previously held government authority, examine that record; if someone is asking for it for the first time, examine whom they have defended and whether their actions match what they now promise. A résumé tells us where someone has worked, a campaign tells us what someone wants us to believe, but a record tells us what someone has actually done.
This is the work of civic engagement, and our community cannot afford to participate only when the presidency is on the ballot. The president matters, but so does the Attorney General who exercises power here in Delaware, and so do our legislators, local officials, and school boards. During primary elections, when turnout is often much lower, every participating voter carries even greater responsibility in determining who moves forward. For those eligible to vote on September 15, the task ahead is clear: learn what is on your ballot, research the offices and not only the candidates, examine records instead of relying on campaign promises, and ask candidates directly how they will protect civil rights and civil liberties, respond to government overreach, and treat immigrants, protesters, organizers, workers, and communities that challenge those in power.
Then talk about this election. Talk about it at the dinner table and with your neighbors. Share information with eligible voters in your family, help someone understand the primary process, make a plan to vote, and remind others that their participation matters. Not everyone in our community has the privilege of casting a ballot; those of us who do should understand the power, and the responsibility, that comes with it.
September 15 is not simply another election date. At a moment when fundamental questions about freedom, government power, immigration, civil rights, and constitutional protections are being debated across this country, choosing who will exercise power here at home deserves our full attention. Our democracy is not only decided in Washington. It is also decided here, by us.
The ELECTIONS 2026 series is an educational and informative campaign brought to you by HOY en Delaware, designed for local leaders to explain the fundamentals of our democracy to readers and to share relevant information about democratic participation and voting.
