POR HERGIT LLENAS
Para millones de estudiantes K-12 en Estados Unidos, la pandemia del Covid-19 ha producido una interrupción sin precedentes, en el tiempo dedicado a la instrucción en los salones de clases, en los programas educativos y en los servicios académicos.
Muchos estudiantes se han quedado atrás o no están listos para avanzar al próximo grado, mientras que las familias batallan para hacer frente a los planes de reapertura, que incluyen la posibilidad solo parcialmente.
Mientras los Estados tratan de encontrar el mejor camino para que los estudiantes y maestros retornen de manera segura y puedan recuperar el tiempo de aprendizaje perdido, el Congreso está sopesando la manera de socorrer a todos los niños y sus familias, al tiempo que se aspira a acomodar las necesidades de los padres empleados.
Al inicio de la pandemia, el gobernador de Nevada Steve Sisolak (como muchos otros gobernadores) tomó abruptas medidas para cerrar las escuelas, tanto públicas y privadas. Ambos fueron tratados de igual manera. Por lo que es esencial que las futuras ayudas federales y estatales apoyen por igual a los estudiantes en todas las escuelas, tanto públicas como privadas. También, los funcionarios electos deben dar prioridad a más -y no menos- opciones escolares durante este tiempo.
Por eso creemos que nuestros legisladores deberían dar su apoyo a la propuesta de crear un programa nacional de crédito fiscal, que permita a los Estados diseñar e implementar opciones educativas, destinadas a asistir a las familias de bajos ingresos con fondos para el aprendizaje en el hogar, entre otras modalidades.
Muchos estudiantes y familias enfrentan graves dificultades como resultado de la pandemia, incluyendo los que asisten a escuelas privadas, porque hay entre ellas: familias de bajos ingresos que enfrentan incertidumbre económica e inestabilidad en la educación de sus hijos, familias que buscan las mejores oportunidades educativas para sus hijos, especialmente aquellas que enfrentan dificultades, debido al virus; y familias que no pueden permitirse el lujo de mantener a los niños en casa si las escuelas están cerradas. Todas necesitan ser apoyadas a través del proyecto de ley propuesto para establecer el programa nacional de crédito fiscal citado más arriba.
El cierre de escuelas privadas sería devastador para familias, estudiantes y comunidades en todo el país. De igual manera, será financieramente devastador para los distritos escolares. Por citar un ejemplo, el 4% de los estudiantes que asisten a escuelas privadas en Nevada ahorran a los contribuyentes aproximadamente $199 millones cada año. Si agregamos a esto la necesidad de más espacio físico requerido en las escuelas para implementar el distanciamiento social, queda claro que no se debe permitir que ninguna escuela cierre sus puertas.
Los estudiantes deben recibir apoyo en el entorno educativo que mejor se adapte a su vida y que cause la menor interrupción en su aprendizaje, al tiempo que satisfaga las necesidades de sus familias. La actual propuesta ante el Congreso lograría eso, pues incluiría una subvención de matrícula de emergencia –por una sola vez- para familias de escuelas privadas de bajos y medianos ingresos. Además, crearía un crédito fiscal federal para que anualmente se pudieran hacer donaciones voluntarias a organizaciones estatales que otorgan becas, conocidas como School Granting Organizations (SGOs). A su vez, las familias podrían utilizar las becas para una variedad de opciones escolares, tales como matrícula en escuelas privadas, servicios para necesidades especiales, tutoría, tecnología educativa y programas de aprendizaje y certificaciones varias.
Todos los niños merecen acceso a una educación de calidad. A medida que el país responde a Covid-19 y se prepara para el año escolar 2020-21, es hora de adoptar el sentido común a fin de crear políticas de ayuda fiscal responsables y sostenibles que satisfagan las necesidades inmediatas de los niños y las familias.
@Hergit11
www.cocosWords.com
